La Espera

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Eduardo Ruiz Vega/ La Razón

La espera continúa. La emisión de la legislación secundaria para instrumentar el cambio estructural en el sector de las telecomunicaciones, producto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de junio del año en curso, pareciera estar lejos de concretarse.

Al día de hoy, transcurrido más de la mitad del plazo de 180 días naturales establecido por el Constituyente Permanente para la emisión de modificaciones legales y de un nuevo ordenamiento que sustituya de manera convergente a las leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión, no se ha iniciado formalmente el procedimiento legislativo para cumplir con esta obligación.

El retraso que aqueja al sector puede ser entendible dada la complejidad de lo que debe hacerse. También, como lo señalaron industria y expertos, debido a diversas incongruencias que hoy están insertas en la ley fundamental. Legislar convergentemente a dos géneros de servicios públicos, el de las telecomunicaciones y la radiodifusión, cuya naturaleza es distinta, como lo reconoce la propia norma constitucional, generará, sin duda alguna, muchos dolores de cabeza a los legisladores federales. Además, como era entendible imaginar, la sucesión de eventos en el calendario de instrumentación de este cambio estructural juega un papel importante en la dificultad para cumplir con los plazos establecidos en las disposiciones transitorias del decreto de reformas.

Nuevas normas. Según ha trascendido en diversos medios de comunicación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha trabajado en una iniciativa de legislación secundaria para normar las telecomunicaciones y la radiodifusión. El Subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, declaró hace semanas que el avance de los trabajos rebasaba ya el 90 por ciento. Sin embargo, apenas hace unos días se integró finalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que es el nuevo órgano constitucional autónomo encargado de regular integralmente a este sector, ya no exclusivamente desde una perspectiva técnica, sino que además en otras áreas, como las que desempeñaron por décadas la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos, la Comisión Federal de Competencia en el combate a prácticas monopólicas y, claro está, las responsabilidades que tuvo hasta hace unos días la propia SCT.

La integración del Ifetel, paradójicamente, debería disminuir, aún más, la cadencia del proceso previo de discusión y elaboración de la iniciativa que finalmente sea sometida a alguna de las cámaras del Legislativo federal. Por una parte, sería difícil de entender crear un superegulador que concentra todas las facultades relevantes para dirigir los destinos de un sector económico y mantenerlo completamente ajeno al proceso de creación de las leyes que posteriormente aplicará. Por la otra, si uno de los pilares de la reforma es la transparencia de cara a la sociedad, resultaría incongruente que dicho órgano se `involucre en lo oscurito` a este proceso.

Pacto por México. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, es un hecho que las iniciativas legales que hoy no se conocen deben pasar por el mecanismo de discusión establecido en el Pacto por México y, posteriormente, por el proceso legislativo en las cámaras de origen y revisión. Una vez más resultaría difícil, y profundamente negativo, que los responsables de este proceso piensen que un cambio tan significativo en la geografía regulatoria del país se podrá llevar a cabo al vapor o en la total opacidad.

En fin, la espera continúa y al parecer su conclusión no es cercana.

Twitter: @ruizvegamx

 

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