La posibilidad de instalar infraestructura básica de telecomunicaciones de forma oportuna y sin sobrecostos originados por la regulación, es fundamental para la consecución de las metas que el Estado se ha planteado en materia de acceso de la población a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La importancia de facilitar el despliegue de las redes de telecomunicaciones no ha sido atendido con la preeminencia que requiere por parte de nuestras autoridades, tanto federales como locales. Los equipos de telecomunicaciones, sean alámbricos o inalámbricos, representan las venas por donde deben fluir las transmisiones de voz, datos y video que comunican, informan y entretienen a la sociedad.
Al menos tres eventos presentes en la agenda del regulador de las telecomunicaciones; el despliegue e inicio de operaciones de las nuevas cadenas de televisión digital radiodifundida, la instalación de la red pública compartida en la banda de los 700 MHz y la anunciada venta de activos del agente económico preponderante integrado por Telmex y Telcel, evidencian la importancia que tiene la adopción de una política clara y verificable para desregular, facilitar y hacer posible el despliegue de infraestructura adicional a la que ya tienen las redes en operación, así como nueva infraestructura para fomentar las inversiones de nuevos actores en el mercado.
En el caso de los dos primeros eventos referidos, la política pública incorporada al marco jurídico reconoce de manera implícita los problemas que enfrenta cualquier empresa que intenta ingresar a este dinámico sector. Es así como los dos pilares en que se sostiene la posibilidad de éxito de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión digital, son la obligación impuesta al agente preponderante de la radiodifusión para compartir su infraestructura como las torres de transmisión, a los nuevos competidores. En el mismo sentido, podemos enmarcar las obligaciones para todas las televisoras, públicas y privadas, de efectuar inversiones millonarias para acelerar el denominado “apagón analógico”, decretado para llevarse a cabo el 31 de diciembre del año entrante.
Por su parte, la concepción de la red pública compartida en la banda de los 700 MHz, la cual estará destinada a proveer servicios mayoristas a precios competitivos a los prestadores de servicios, que a su vez sirven al público consumidor, reconoce implícitamente un déficit de infraestructura inalámbrica en el país misma que se espera pueda ser abatida en forma acelerada con el despliegue de esta red bajo la batuta del Estado. En otras palabras, nuestras autoridades reconocen la serie de dificultades existentes en el país para desarrollar nueva infraestructura y asumen como catalizador encomendar la coordinación de esta tarea a los poderes públicos.
Finalmente, la atención que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá poner al posible proceso de venta de activos del agente preponderante Telmex/Telcel, se centrará en que la misma signifique en los hechos una disminución real en la participación de mercado de dichos operadores por debajo del nivel de 50% más uno establecido en la nueva regulación. Un primer punto que debe observar y exigir el regulador, es que esta posible operación implique una venta integral de infraestructura activa, pasiva y de cartera de clientes, para estimar como real a esta operación.
En conclusión, si se quiere resolver en el largo plazo el déficit de acceso de la población a las tecnologías de la información, resulta indispensable promover, más allá de eventos coyunturales, una verdadera desregulación en los tres niveles de gobierno para que el despliegue de infraestructura se lleve a cabo con la debida fluidez. De lo contrario, en este mundo globalizado, las anheladas inversiones se realizarán en otros países y no en el nuestro.
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