De acuerdo con los teóricos, toda autoridad reguladora debe actuar bajo la premisa de que su existencia debe ser transitoria y, por ende, una vez satisfecha su misión, el mercado debe regularse por sí mismo.
Los mercados de telecomunicaciones a nivel mundial, son regulados por autoridades estatales. Su origen naturalmente monopólico y su posterior apertura a la inversión privada y a un régimen de competencia, combinados con ciertas características esenciales como las economías de escala, la evolución tecnológica y su dinanismo en general, han convertido a la premisa de transitoriedad de la intervención del Estado en un anhelo casi imposible de cumplir.
Un ejemplo reciente, no aislado, se observa en el continente europeo. Pareciera que el modelo de evolución para transitar de un régimen monopólico estatal en la provisión de servicios de telecomunicaciones de voz, datos y video, a un régimen estrictamente regulado para promover una competencia efectiva entre los operadores incumbentes y los nuevos entrantes a los distintos mercados nacionales europeos, mismo que ha implicado la disminución sustancial de las tarifas como vehículo para ensanchar el acceso a estas tecnologías, se está agotando.
Contrario a lo que muchas personas piensan, de acuerdo con información difundida en diversos medios de comunicación, como el New York Times, la calidad de servicio en muchas zonas de Europa, especialmente en redes móviles, es deficiente. Tanto en voz, como en datos (acceso a Internet), muchos usuarios carecen de un servicio de excelencia y de conectividad a redes móviles de banda ancha de alta velocidad. Contrasta con esta realidad el hecho de que, en promedio, los europeos gastan la mitad por estos servicios que los usuarios estadounidenses.
Una tendencia que se observa en países miembros de la Unión Europea es la intención de grandes operadores, como Telefónica de España, Orange y Vodafone, por citar algunos, para crecer sustancialmente mediante la adquisición de otros operadores. Con ello, la industria pretende aumentar sus economías de escala para asegurar rendimientos adecuados respecto de las multimillonarias inversiones en redes y equipos, indispensables para aumentar la calidad del servicio que demandan sus usuarios.
Al parecer, las autoridades y órganos encargados de configurar la política pública del desarrollo del mercado comunitario europeo de las telecomunicaciones han relajado su otrora oposición terminante a la concentración del mismo en unas pocas empresas, especialmente los operadores incumbentes. En estos días se habla, como algo negativo, de la excesiva fragmentación del mercado.
En otra trinchera, sin embargo, las autoridades que vigilan la competencia económica en la Unión Europea empiezan a preocuparse. Margrethe Vestager, jefa antimonopolios de la Comisión Europea, ha externado públicamente que la ola de fusiones y adquisiciones que se pretende llevar a cabo a lo largo y ancho de ese continente, podría resultar dañina para los usuarios, sin garantizar necesariamente que los compromisos de inversión que subyacen a su supuesta conveniencia serán cumplidos.
Habrá que observar con cuidado, el caso europeo en los próximos meses. La lección que nos deja, desde ahora, es que la regulación y las políticas públicas deben perseguir, además de sus objetivos manifiestos, un equilibrio en sus efectos.
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