Autónomos: ¿Cuántos y para qué?

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Javier Orozco

Milenio Diario

Todo indica que entre los diversos puntos a discusión sobre la minuta de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia, está todavía latente el debate sobre los órganos autónomos, debido a la tendencia que se está dando en el país de crear autoridades de rango constitucional e independientes de los tradicionales tres poderes.

Al día de hoy tenemos el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; y con sus características e historia la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además de las anteriores instituciones, en la propia Constitución federal existen otras referencias específicas a diversas entidades, como los pueblos y comunidades indígenas; universidades e instituciones de educación superior y, de acuerdo con las leyes respectivas, tribunales agrarios, tribunales de lo contencioso-administrativo y la Auditoría Superior de la Federación.

Por lo que hace al ámbito local, la Constitución hace alusión a las autoridades estatales encargadas de organizar y de resolver las controversias en las elecciones, pero en las entidades federativas, los tribunales locales de lo contencioso administrativo y para el Distrito Federal, encontramos la mención de los órganos político-administrativos conocidos como delegaciones políticas.

Como se ve, no por el simple hecho de estar mencionado en el texto constitucional es sinónimo de autonomía plena que implique independencia en sus decisiones y estructura orgánica. Tampoco ser depositario de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad; sino que depende de los motivos y objetivos que se busquen cuando se crean esta clase de organismos.

Para el caso que nos ocupa, la reforma constitucional busca abrir la competencia y equilibrar mercados a tal grado que el gobierno federal deja de realizar estas dos funciones básicas.

El riesgo que ya se comienza a ver por el creciente nacimiento de este tipo de órganos es que quizá en unos años nos lleve a replantearnos qué hacer con el gobierno, si sus tareas las harán órganos ciudadanos. Es aquí donde está el debate.

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Acerca del Autor

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Especialista en Telecomunicaciones y Radiodifusión