Esta semana, se cumple un año de la entrada en vigor del decreto de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. La reforma he generado, justificadamente, grandes expectativas en México y en el extranjero.
La instrumentación de la reforma, se ha llevado a cabo conforme a lo calendarizado a lo largo de estos 365 días, con una excepción más que notable: el 12 de junio próximo se cumple, en paralelo, un año desde que el sector de las telecomunicaciones de nuestro país se quedó sin ley.
Es cierto que el plazo de 180 días naturales al que se sujetaron nuestros legisladores federales en el decreto de reformas a la Constitución Política, para sustituir dos leyes federales, la de telecomunicaciones y la de radio y televisión, por un estatuto convergente y moderno, apegado al nuevo orden constitucional, parecía apretado desde un inicio. Sin embargo, la extensión de dicho periodo a más del doble de su duración original, se significa hoy como excesiva.
Lo anterior, a la luz de lo alcanzado hasta ahora, como la creación de un nuevo órgano constitucional autónomo, denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones; de tribunales especializados en la materia, que dirimen controversias entre los particulares con un régimen acotado de medios de defensa ad hoc; la declaración de los agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y su regulación, así como la convocatoria y emisión de las bases de licitación para la adjudicación de dos nuevas cadenas nacionales de televisión digital terrestre.
Todos estos pasos, necesarios en el horizonte del cambio estructural, necesitan para su evolución y consolidación, al igual que la atención de los asuntos ordinarios del día a día en estos sectores prioritarios de la economía, de un andamiaje legal básico.
A la ausencia de la nueva legislación convergente, se suma una falta de previsión, tal vez ingenua o bien intencionada, en el régimen de transición dispuesto en la reforma constitucional. La existencia de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión se avizoro, equivocadamente, de manera subsidiaria y tímida. Ante la creencia de que tendríamos la nueva ley a más tardar el 9 de diciembre del año pasado, hoy presenciamos una situación de ausencia de normas básicas que amenaza con empañar los procesos puestos en marcha.
Es por ello que, con o sin Mundial de Futbol, a un año de distancia se tiene, como sociedad, la necesidad imperativa de que se concrete este proceso. Esperemos que diputados y senadores puedan lograr los consensos necesarios y resuelvan, así, la situación de incertidumbre jurídica que ellos mismos crearon.
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