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Telecom: lágrimas de cocodrilo

la regulación especial a la que está sujeto desde el 2014 supuestamente inhibe sus intenciones de inversión.

2019-06-18

En el contexto del cierre del periodo para efectuar comentarios dentro del proceso de consulta pública que puso en marcha este año el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “sobre la efectividad en términos de competencia de las medidas impuestas al Agente Económico Preponderante en el Sector de Telecomunicaciones”, desde hace cerca de dos semanas hemos venido escuchando o leyendo sobre un tema muy particular relacionado con el agente preponderante, es decir, con América Móvil: que la regulación especial a la que está sujeto desde el 2014 supuestamente inhibe sus intenciones de inversión.

Su argumento es que no invierte, y menos en las zonas donde hoy no hay conectividad, porque eso significaría, palabras más palabras menos, que se haría aún más grande y por lo tanto, reforzaría su posición como agente preponderante y eso evitaría que se aligere su carga asimétrica. Una tragedia regulatoria pues.

Desafortunadamente, para América Móvil desde luego, su historia de subinversión en México no inicia a partir de que el IFT lo declaró como agente económico preponderante. Ya en años anteriores a la reforma de telecomunicaciones, la entonces Comisión Federal de Competencia (Cofeco) documentaba cómo América Móvil invertía en México muy por debajo de lo que invertían operadores similares en otros países, comparando el monto invertido como proporción de los ingresos obtenidos. Después de la reforma de telecomunicaciones, el pobre desempeño en materia de inversión por parte de América Móvil ha continuado.

Ahora bien, en este contexto, en el que en papel de víctima el preponderante nos quiere sorprender con sus lágrimas de cocodrilo, ha desplegado una estrategia simultánea para sacudirse algunas reglas u obligaciones. Por un lado está su estrategia judicial mediante la que pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgue un amparo para que no le aplique la prohibición expresa que el Senado de la República estableció en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que, mientras sea preponderante, no pueda utilizar en el mercado una práctica discriminatoria que era muy nociva para la competencia cuando la empleaba: que cobraba menos a sus usuarios cuando llamaban a otros usuarios de su misma red frente a una tarifa más cara para el caso de las llamadas que hacían a usuarios de otras redes. Se trata de una práctica discriminatoria que se encuadra en el concepto de práctica monopólica relativa, que está plenamente comprobado que genera efectos adversos a la competencia. Su objetivo al obtener el amparo es regresar a utilizar esta práctica que tanto daño ocasionó al sector previo al 2014.

Al mismo tiempo, han iniciado una estrategia para convencer al regulador, y a cuanto incauto se les ponga enfrente, que ellos podrían ser la salvación del país para llevar conectividad a esas localidades donde hoy no existe, siempre y cuando los servicios que preste en esas localidades no le sean considerados para estimar el porcentaje de concentración, es decir, que no le afecte para fines del cálculo de la preponderancia, que se mide como porcentaje de usuarios o de tráfico de todo el sector. Así lo plantearon en un evento del sector telecomunicaciones recientemente realizado en México. Concederles esto sería un grave precedente que abriría otro enorme hueco a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Ante el embate mediático y estrategias legales —y leguleyas— desarrolladas por América Móvil para desdibujar por completo la reforma de telecomunicaciones, llama mucho la atención el pasmo de los que serían los principales perdedores, es decir, aquellos operadores que buscan competirle al preponderante, particularmente en el segmento móvil. Ahí está el caso de AT&T, quien después de su llegada a México sólo ha visto pasar las contrarreformas en el sector, sin meter las manos siquiera para tratar de detenerlas, además de caracterizarse por la falta de robustez en los comentarios que emite en las consultas públicas del IFT, como ésta última sobre la efectividad de las medidas de preponderancia. En general, a todos se les percibe distraídos, desarticulados.

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