Guillermo Montero/ Diario de México
Aparentemente a la Secretaría de Hacienda no le gustó nada el texto constitucional relativo al pago por el uso de espectro radioeléctrico, y en un arranque de ira/ coraje/rabia/venganza o como quieran llamarle decidió mostrar su músculo y tener la última palabra en el tema.
Y es que la reciente reforma de telecomunicaciones dejó asentado en la Constitución mexicana que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el organismo responsable de fijar el precio que deberá pagarse por las concesiones del espectro radioeléctrico.
El mismo texto establece que, para ello, Hacienda sólo podrá emitir una opinión, la cual podrá o no ser considerada por el IFT. Sin embargo, en la reciente reforma fiscal, Hacienda ignora el texto constitucional y determina tarifas fijas y altísimas en lo relacionado con la explotación de espectro para redes móviles de última generación.
No se sabe en qué se basó para llegar a los montos que propone, pero es claro que, de aceptarse esta iniciativa, se generará un grandísimo obstáculo para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país y para la inclusión digital; curiosamente uno de los principales objetivos de la administración de Peña Nieto.
Fuera de querer mostrar poderío o músculo, el gobierno debería ser un ejemplo de coordinación entre dependencias y suma de voluntades. Para fijar contraprestaciones y pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico, el regulador de telecomunicaciones y Hacienda deben estar cerca y en el mismo canal. Sólo así se podrá llegar a la meta planteada y generar beneficios reales para los usuarios. Pareciera que esta vez no se hablaron. Ojalá rectifiquen.
Twitter: @monteroamerena
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