2018-02-07
La semana pasada comenté en esta columna que la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información propuso una serie de medidas encaminadas a fortalecer la adopción por parte de los mexicanos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), bajo el liderazgo y coordinación de una secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Al respecto, resulta relevante el estudio llevado a cabo por Joan Prats Cabrera y Pau Puig Gabarró y recientemente publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el título La gobernanza de las telecomunicaciones hacia la economía digital. En el estudio, el equipo coordinado por Prats y Puig analiza el estado actual de las TIC en 26 países de América Latina y el Caribe, su marco legal y regulatorio y los retos compartidos, en mayor o menor medida, por todos los países de la región.
En el documento del BID se analiza el ecosistema digital de la región y de cada país en su concepción más amplia. Es decir, no basta con la promoción de infraestructuras de acceso a la banda ancha ni con el fomento a la competencia en los diversos mercados que lo componen. Se requiere también promover la innovación digital y su adopción por parte de los distintos sectores de la economía, que van desde el gobierno electrónico, el comercio, la educación, la salud, las finanzas y el crédito, pasando por el entretenimiento y el intercambio global de información, ideas y opiniones.
No obstante, en esta entrega me enfocaré sólo a los primeros aspectos, dejando para la próxima lo relativo a la innovación digital y su adopción en México. Si bien la reforma en telecomunicaciones del 2013 y su aplicación hasta la fecha nos han permitido avanzar en los principales puntos detectados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio del 2012, el análisis del BID nos muestra una perspectiva alentadora, pero dentro del promedio de las economías latinoamericanas similares a la mexicana. En la mayoría de los indicadores nuestro país ocupa una posición cercana a la media de la región, pero aún muy por debajo de la mayoría de los países que integran la OCDE. Por ejemplo, en cobertura estamos en el promedio, cercanos a Venezuela y muy por debajo de Chile, Uruguay y Brasil. En contraste, la asequibilidad de los servicios de banda ancha en México se acerca al promedio de la OCDE y los precios son de los más bajos del subcontinente.
No obstante, por el lado de la inversión en infraestructura no salimos tan bien parados. La inversión promedio per cápita está varios lugares debajo del promedio latinoamericano y muy por debajo de lo que al mismo rubro destinan países como Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Paraguay, Colombia, Brasil o Perú. Quizá nuestro déficit de inversión se deba a las resistencias naturales del agente económico preponderante para compartir su infraestructura, a la falta de efectividad en la asignación de frecuencias por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la ausencia de un programa serio de servicio universal. Como señala el documento del BID “hay que combinar la eficiencia en la asignación de recursos (por ejemplo, las políticas de espectro radioeléctrico) y el uso de las infraestructuras disponibles (compartición de infraestructura) con el uso efectivo de los fondos de servicio y acceso universal destinados a promover infraestructuras en zonas más desfavorecidas”.
Requiere especial atención por parte de las autoridades en materia de competencia económica (en nuestro caso, el IFT), el hecho de que, dada la convergencia tecnológica, en que servicios de diferentes sectores y mercados se pueden prestar por el mismo medio de conducción de señales, se hacen indispensables nuevos criterios que impidan trasladar deficiencias competitivas de un mercado altamente concentrado a servicios con niveles aceptables de competencia. Así, el informe del BID señala que “en el entorno de la convergencia digital, el análisis de la competencia también cambia, requiriendo nuevas métricas y metodologías de análisis (por ejemplo, para analizar las consecuencias económicas de fusiones y adquisiciones entre empresas de sectores tradicionalmente distintos pero que en la actualidad pueden prestar un mismo servicio”.