El proyecto en telecomunicaciones más ambicioso de la presente administración, la llamada red compartida, ya inició el despliegue de infraestructura.
Esta semana se concretó la firma del contrato de la asociación público-privada (APP) entre el consorcio Altán, ganador de la licitación, y el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), dirigido por Fernando Borjón.
Los recursos para llevar a cabo este proyecto, calculado en 7 mil millones de dólares, son fondos de pensiones mexicanos y extranjeros, particularmente de Canadá. También participará el banco Morgan Stanley, el Banco Mundial, el fondo México-China, así como las empresas mexicanas Axtel y Megacable.
El primer compromiso a cumplir es lograr una cobertura de 30 por ciento de la población del país para marzo de 2018. Para lograr este objetivo se tendrán que instalar entre siete y ocho torres diarias, según comentó Eugenio Galdón, Presidente de Altán. Se comenzará con las principales ciudades del país.
En la firma de la APP, Galdón también comentó que hay más de diez empresas interesadas en adquirir capacidad de la red compartida, una vez que ésta entre en funcionamiento. Este dato parece exagerado en razón de que operadores móviles en el país sólo hay tres: Telefónica, ATT, y Telcel.
Si bien hay una bola de operadores móviles virtuales que también les puede interesar, la realidad es que el negocio sólo va a ser rentable en la medida en que los concesionarios móviles establecidos utilicen la capacidad que ofrecerá dicha red. Sin esos tres, no habrá negocio. Así de fácil.
Hay que recordar que éste es un proyecto con un modelo de negocio único en el mundo. No existe nada que se le parezca, por lo que su éxito todavía está por probarse. Por lo pronto ya arrancó el despliegue de infraestructura de la red a paso firme.
Todavía está por resolverse en tribunales los litigios cruzados entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Rivada, la empresa perdedora de la licitación. La primera acusa a la segunda de daño moral, y la segunda acusa a la primera de corrupción y favorecer a Altán. Así que en la parte legal todavía no están brincadas todas las trancas.
En otro tema. Al parecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le entrará a revisar el asunto de preponderancia. En las consultas públicas del tema, la industria insiste en reforzar la regulación asimétrica impuesta a estos agentes. Veremos qué resuelve el IFT para lograr condiciones de competencia efectiva en los mercados.