El compás de espera en torno del envío de la iniciativa del Poder Ejecutivo de la Ley Secundaria para regular a las telecomunicaciones y a la radiodifusión, ha provocado un hecho muy típico de la praxis política, que son las llamadas filtraciones.
La real academia de la lengua española, define en su tercera acepción al término filtrar, como “divulgar indebidamente información secreta o confidencial”; si bien, se dice y se comenta en algunos diarios deborradores y/o proyectos nadie tiene la certeza que efectivamente sea el documento que esté trabajando el gobierno federal.
Ante esta situación, el propio gobierno ha tomado una actitud sabia, al no salir a desmentir o descalificar o en su caso afirmar, que es el documento legislativo que está realizando, ya que con ello, entraría a un juego perverso que viene realizando el agente económico preponderante en telecomunicaciones, llamado Telmex.
Lo único que por desgracia está ocurriendo, es un clima de desinformación donde curiosamente algunos medios impresos y electrónicos, legisladores, asociaciones y analistas de la materia, todos afines a los intereses de Telmex, son los que han iniciado una guerra de descalificaciones contra proyectos piratas.
Es muy clara su jugada de la pandilla Telmex, crear un ambiente donde se hace la víctima y quiere dar a entender que los grandes ganadores de la reforma será el sector de la radiodifusión, en particular la televisión.
Esta falta de escrúpulos y ética empresarial por parte de Telmex, responde exclusivamente a que sus intereses no sean tocados, y busca amedrentar al gobierno federal a través de sus emisarios, a efecto de lograr a través de la opinión pública un mecanismo de presión que le indique al gobierno qué es bueno y qué es malo.
No es válido que por ser un grupo económico poderoso busque amedrentar a las instituciones públicas, a través de versiones fantasiosas, para influir en el análisis que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tienen que hacer.
No se trata tampoco de crear una legislación contra Telmex, el punto está en un equilibrio entre ambos sectores de la economía, ir contra las instituciones es atentar contra el estado de derecho.