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Medir la (des)conexión, medir la competencia

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2018-03-06

El pasado 20 de febrero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la edición 2017 de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). Un equipo de encuestadores del INEGI visitó más de 151 mil viviendas en las 32 entidades del país, realizando una encuesta con alrededor de un centenar de preguntas relacionadas con la posesión y uso de dispositivos y servicios de telecomunicaciones.

Una de las facetas más interesantes de la ENDUTIH está en la revisión que se hace del uso de telecomunicaciones a nivel estatal. Una nación tan extensa como México con casi 2 millones de kilómetros cuadrados y una geografía muy dispersa hace que la distribución de las redes de telecomunicaciones sea naturalmente desigual. Pero hay otro factor del que poco se habla: las empresas de telecomunicaciones concentran sus redes en regiones donde hay una mayor concentración de población y por ende, de suscriptores.

Al hacer un corte de caja de la penetración de diversas tecnologías tanto en zonas rurales como urbanas, la ENDUTIH abre una ventana hacia la labor que falta para llevar conectividad a las zonas aisladas del país, así como el rol del regulador para promover más competencia en el sector de las telecomunicaciones.

Uno de los servicios clave para la población es el tener internet de banda ancha en casa. Este servicio, provisto usualmente por empresas de telefonía o telecomunicaciones por cable es fundamental para que la gente disponga de un servicio de alta velocidad, confiable y sin limitantes de cobro por megabyte consumido, como suele suceder en los servicios móviles.

Como puede verse, la cobertura de servicios de banda ancha fija en las entidades del país no depende exclusivamente de su situación geográfica. Estados lejanos de las redes troncales de telecomunicaciones como Quintana Roo y Baja California Sur tienen alta penetración de este servicio, mientras que otras como Tlaxcala, ubicada en el altiplano central del país tiene uno de los niveles de penetración más bajos.

Pasemos ahora al servicio de telecomunicaciones móviles.

En esta gráfica se puede ver algo similar. Estados del sureste del país como Chiapas, Oaxaca y Guerrero son de los que tienen una menor densidad de usuarios de celular, mientras que otros estados con alta actividad económica tienen una mayor densidad. Esto es importante porque en algunas regiones del país la población no tiene los recursos para adquirir servicios de internet móvil que son esenciales lo mismo para el uso de redes sociales como para servicios de transporte y economía colaborativa.

Una de las preguntas clave tiene que ver con los motivos que hacen que las personas no usen servicios de telecomunicaciones móviles. La encuesta realiza una pregunta específica sobre este tema y una de las razones más citadas es el costo de los servicios móviles.

Otra razón citada frecuentemente es la carencia de cobertura en el área de residencia de los encuestados.

Una vez más los estados del sur del país tienen un problema de conectividad. En alguna medida esto puede ser por razones técnicas (orografía hostil, dificultad de acceso a redes de electricidad o redes de fibra óptica indispensables para instalar torres de transmisión de señal celular). Pero hay que decir que entidades como San Luis Potosí, Zacatecas y Tabasco con terrenos un poco menos complejos presentan también problemas de acceso.

Una encuesta, por detallada que sea, no tiene todas las respuestas al desarrollo disparejo de las telecomunicaciones en México, pero es claro que a medida que un jugador tiene la mayor parte del mercado de telecomunicaciones fijas y móviles, es difícil para otros competir con mejores precios y servicios al público. Pese a las mejores intenciones del IFT y del gobierno por extender redes de fibra óptica usando infraestructura de la CFE y la Red Compartida para llevar conectividad a regiones más alejadas, el agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP) sigue teniendo control de redes de fibra óptica interurbana indispensables para que los operadores más pequeños puedan extender sus redes, sin incurrir en costos prohibitivos.

El Plan Anual de Trabajo del IFT contempla como una de sus labores prioritarias para este 2018 el avance en la separación funcional de las operaciones mayoristas del AEP para que pueda darle acceso a otros operadores a su infraestructura. Ojalá esta medida y otras como la compartición de infraestructura del AEP puedan convertirse en herramientas efectivas en pro de la competencia y no se queden como meros deseos regulatorios dilatados por todo tipo de pretextos y excusas para que los datos de la encuesta ENDUTIH del 2018 traiga un mejoramiento en el uso de servicios de telecomunicaciones, incluso en las zonas más alejadas del país.

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