vía El Sol de México.
Existe la prohibición constitucional para que la denominada Red Compartida pueda ofertar sus servicios al usuario final, la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013 sólo estableció el mandato de instalarla para garantizar a la población el acceso a banda ancha y los servicios de telecomunicaciones, bajo el aprovechamiento de la Banda 700 MHz (liberada por apagón analógico de la televisión) y de la fibra óptica de la CFE. ¿Cuál es la intención?
Sus objetivos son: asegurar que ningún operador tenga influencia en la operación de la red y prestar exclusivamente servicios a los operadores, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos.
Esta concesión fue ganada por Altan Redes a través de licitación y aceptó la prohibición enunciada.
Hoy, esta empresa está en concurso mercantil, recién rescatada financieramente por el Gobierno, se encuentra retrasada en sus compromisos de cobertura y está visualizando que se modifique la Constitución para permitirle llegar al usuario final, ¿Es viable modificar la Constitución? ¿Cuáles son los retos y costos de intentar hacerlo?
Desde el punto de vista formal, es posible el cambio, siempre que exista la mayoría calificada en el Congreso, aquí el primer reto, de tal manera que el papel de la oposición será fundamental ¿Vale la pena una reforma al régimen constitucional de Altan Redes a cambio de otra reforma constitucional que pretenda la 4T, como la Electoral o Guardia Nacional? Además, está en juego el paquete económico para 2023.
Otro reto jurídico es valorar la conformidad de esa posible reforma con el TMEC, debido a que su Artículo 18.18 prohíbe que se beneficie a empresas de Estado o que están bajo el control del Gobierno como sería Altan, o bien que le apliquen las limitaciones del TMEC como “proveedor importante” ya que el controlar la Banda 700 puede afectar de manera importante las condiciones de participación del sector. En materia energética, ya hay proceso de consultas y amenaza de paneles arbitrales por decisiones nacionales contrarias al tratado, por parte de los socios estadounidenses y canadienses.
En lo operativo, ¿Puede un operador de telecomunicaciones prestar servicios utilizando una sola banda de frecuencias? No, todos conjugan una diversidad de bandas para operar, en consecuencia, debería tener acceso a otras frecuencias para potenciar su cobertura y, ¿los demás operadores estarán de acuerdo y será justo que Altan tenga un descuento del 90% en el pago de derechos?
La eventual reforma constitucional se ve cuesta arriba no sólo por los votos y retos, tendría un alto costo político al gobierno federal y a su partido en el Congreso, tendrán que valorar agenda legislativa para próximo periodo, en lugar de estar lanzando “busca pies”, porque ahora también dicen que va por el mercado minorista (MVONs) o igual lo hacen sin importar la prohibición, y lo declaran de “seguridad nacional”. Ya nada nos puede sorprender.
