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Eduardo Ruiz Vega IDET

 

 

 

Eduardo Ruiz Vega | La Razón | 15 Marzo 2016

Uno de los avances más representativos que ha traído consigo la nueva realidad jurídica-regulatoria del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, es la práctica normada para que, previo a la emisión de disposiciones de carácter general, las mismas sean sometidas a consultas públicas con el objeto de recabar comentarios y opiniones de cualquier interesado.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicita el calendario tentativo de las consultas públicas que lanzará en cada ejercicio. En estos momentos, se puede encontrar la última versión de dicho calendario en el link http://www.ift.org.mx/sites/default…, a partir del cual se puede advertir la nutrida actividad regulatoria que será sometida a la revisión y opinión de la industria, academia y ciudadanía durante el año en curso.

La realización de consultas públicas, o ejercicios similares, no es nueva en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión de nuestro país. Previo a la modificación del marco jurídico en la materia y a la sustitución de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) con el IFT, este tipo de procedimientos se llevaban a cabo en dos modalidades.

La primera modalidad, reglada en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, implicaba la celebración de procedimientos tendientes a la mejora regulatoria ante la autoridad del ramo, conocida comúnmente como la Cofemer. En estos procedimientos, que siguen siendo aplicables para la administración pública federal centralizada, los anteproyectos de disposiciones de carácter general se dan a conocer y son susceptibles de comentarios y dictaminación. Este procedimiento que se dejó de aplicar en el sector de las telecomunicaciones dado que su órgano regulador, el IFT, reviste de naturaleza constitucional autónoma.

En adición a los procedimientos señalados en el párrafo anterior, la Cofetel había puesto en práctica la realización de consultas públicas voluntarias respecto de diversos anteproyectos que en su momento consideró de la máxima relevancia. Así, por ejemplo, se consultó públicamente, con base en un documento de referencia, la forma en que habrían de licitarse nuevas frecuencias de televisión digital terrestre en México.

Las consultas llevadas a cabo con base en la normatividad anterior, así como las que ha desahogado el IFT a lo largo de su existencia, han fortalecido la cultura de la transparencia en la elaboración y emisión de regulación, en concierto con las mejores prácticas internacionales. No obstante su valía, como el propio órgano regulador reconoce en una consulta pública que inició apenas ayer, resulta importante homologar los criterios, mediante la emisión de lineamientos generales, bajo los cuales habrán de prepararse y desarrollarse los nuevos ejercicios.

Un aspecto que debe atenderse y del cual han adolecido en mayor o menor medida las consultas o procedimientos abiertos de opinión, que se han realizado en este sector, consiste en emitir, conjuntamente con el articulado propuesto, una explicación pormenorizada que sustente las razones, consideraciones y políticas públicas que se encuentran detrás de las normas concretas que se propone adoptar. Hasta ahora, esta pieza vital de información para nutrir la dialéctica de la consulta se presenta, en el mejor de los casos, en forma escueta con base en la percepción del autor de la regulación respecto del “impacto regulatorio” que estima tendrá la medida.

Para poder opinar de manera informada y razonada, resulta imperativo conocer las justificaciones y objetivos inherentes a cada cuerpo normativo. Después de años de desarrollo de la cultura de consultas públicas, pareciera que estamos en un momento propicio para avanzar y mejorar las mismas.

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Twitter: @ruizvegamex

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