El crecimiento en la cobertura y adopción de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) ha tenido a nivel global una repercusión muy importante en el mundo de la política. Usualmente, los medios se centran en las estrategias implementadas por los diversos candidatos en redes sociales para medir el impacto de la tecnología en los procesos eleccionarios. Esto, sin quitar la gran controversia que existe en torno a la digitalización de los votos, con posiciones bastante encontradas a ambos lados del argumento que plantea su utilización.
Desgraciadamente el uso de la tecnología para fines políticos también ha sido aprovechada por movimientos terroristas que por medio del Internet y otras plataformas de comunicación han creado redes de reclutamiento, recolecta de fondos y promoción de un ideal muchas veces centrado en la intolerancia.
Los gobiernos no se han quedado atrás y por medio de ataques cibernéticos han llegado a comprometer la infraestructura básica de países que, como lo ha demostrado Estonia en el 2007, por alguna razón u otra han causado fricción en la dirigencia de países capaces de efectuar este tipo de ataques.
No obstante, existe un lado positivo al uso de las TIC por los llamados reporteros ciudadanos que en medio de procesos electorales han tenido el valor de grabar o retratar a quienes intentan cometer fraude por medio de la compra de votos.
Asimismo, por medio del intercambio de información sobre algún tema neurálgico a nivel nacional se han logrado convocar marchas u obtener de manera rápida firmas para una petición. Este último detalle no es menor, en muchas jurisdicciones si una petición sobrepasa un número predeterminado de firmas inmediatamente gana fuerza legal para que la misma sea contemplada por las autoridades gubernamentales.
La tecnología nos brinda la oportunidad de compartir videos donde los mandatarios insultan a aquellos ciudadanos que tienen la osadía de criticar decisiones que van en contra de sus intereses económicos. El descaro es tan grande que frente a cadenas noticiosas extranjeras se atreven a minimizar sus quejas etiquetándolos de perdedores que nunca lograrán ser nada con su vida.
Gracias a las redes sociales también somos capaces de ver cómo las antiguas promesas de desarrollo y democracia se transforman en amenazas a las manifestaciones en contra de las decisiones económicas del gobierno en turno. Irónicamente, muchas de estas intimidaciones se centran en monitorear las redes sociales para identificar quiénes son las personas que comparten la visión de quienes se manifiestan en contra del gobierno.
La difusión de información por parte de las diversas entidades de gobierno también ha sido un paso positivo en la promoción de la transparencia. Desafortunadamente, en América Latina y el Caribe no todos los gobiernos consideran sabio informar al pueblo el estado actual de sus finanzas, limitándolo a conocer con un desfase de varios años el desempeño económico tanto del país como de las empresas públicas que controla el gobierno.
La tragicomedia tiene su acto final con el anuncio del gobierno de no auditar las deudas contraídas por administraciones pasadas, aunque esto para bien o para mal pueda interpretarse como un acto que justifica la oposición al nepotismo.
Ese país, donde el poder ejecutivo se opone a auditar la deuda pública mientras el pueblo empobrece y la educación pública ha dejado de ser prioridad, existe. Aunque hay similitudes, en esta ocasión no hablo de Venezuela, sino de Puerto Rico.
¿Se imaginan que en México se tengan que cerrar más de una tercera parte de las escuelas públicas, numerosos hospitales, haya un éxodo masivo de cerebros por una deuda per cápita que sobrepasa los 20,000 dólares a cifras de junio del 2014 y el presidente no quisiera auditar la deuda? Sin duda la pregunta en la mente de muchos sería: ¿a quién está protegiendo?