2019-10-10
La semana pasada le comentaba en este espacio sobre los efectos secundarios que el alto costo del espectro radioeléctrico en México está teniendo para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Poco después, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, desestimó la importancia de la competencia y defendió las altísimas tasas que las empresas pagan al gobierno por emitir luz en el espacio aéreo de nuestro territorio, pues no otra cosa es el uso del espectro radioeléctrico. Para este señor, el mejor mercado es el controlado por una sola empresa y, si se puede, estatal. ¡Arriba y adelante!, decía la propaganda del PRI durante mi infancia en los setentas, en la que era prácticamente imposible conseguir una línea telefónica de Telmex si no se tenían “contactos”, ya sea en el corporativo o con el sindicato. Evidentemente, este gobierno nos está llevando a un paraíso que sólo existe en la cabeza de su líder. Esperemos que las instituciones y los mercados resistan. Sabemos que los gobiernos van y vienen, pero también sabemos que reconstruir la confianza perdida lleva décadas. Ojalá y los competidores de todos los sectores aguanten, pero particularmente aquellos que depositaron su confianza en las reformas energética y de telecomunicaciones. En ambos, la pérdida de confianza puede devenir en la desaparición misma de la competencia, que tanto años nos ha costado impulsar.
El sector energético ha sido prácticamente colonizado por los intereses políticos de la presente administración. Afortunadamente, en los sectores telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aún se mantiene firme y su mandato constitucional es claro. Si el control del Congreso de la Unión por parte de Morena hace muy poco probable una reducción en el costo del espectro, el IFT aún tiene herramientas importantes para salvar la competencia en el sector telecomunicaciones, particularmente en el segmento móvil, donde la disparidad en la carga tributaria hace muy complicada la expansión de Telefónica y AT&T.
Con la revisión de las medidas de preponderancia que el IFT está llevando a cabo, el IFT debe enfocarse en los servicios minoristas, en los servicios mayoristas y, sobre todo, en la efectividad y cumplimiento de las medidas por parte del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT). Por lo que hace a los servicios minoristas, debe cerciorarse ex ante y oferta por oferta de que las ofertas del AEPT sean replicables por sus competidores, incluyendo terminales, promociones y descuentos; obligar a la absoluta transparencia en todas sus transacciones con canales de venta, proveedores y clientes; prohibir de manera absoluta el efecto club, es decir, la discriminación en precio en función del destino de la llamada, y mantener la prohibición legal para ofrecer televisión. Si el AEPT llegará a empaquetar los servicio que actualmente presta con una oferta de televisión, ninguno de sus competidores tendría la menor posibilidad de contrarrestar su poder de mercado en el futuro. Respecto de los servicios mayoristas, el IFT debe concluir a la brevedad la separación funcional de Telmex y conseguir una verdadera replicabilidad técnica y económica, por servicio y por producto; debe asegurarse que exista una verdadera equivalencia de insumos y una transparencia absoluta en el sistema electrónico de gestión, que debe ser el mismo, tanto para los competidores como para las unidades minoristas de Telmex y Telcel, con un sistema de primeras entradas-primeras salidas, y mantener la asimetría en las tarifas de interconexión.
Una aspecto vital en el que el IFT ha sido extrañamente omiso es el de la supervisión y sanción al AEPT por sus incumplimientos a la regulación asimétrica en materia de preponderancia, sobre todo por incumplimientos en materia de calidad y oportunidad técnica, así como por la deficiente operación del sistema electrónico de gestión. Sin una definición clara de indicadores de desempeño (que hoy no existen) y su supervisión constante, las medidas siempre carecerán de efectividad y su objetivo será inalcanzable. Sólo a través de indicadores de desempeño claros y comprobables y un régimen sancionador disuasorio, la regulación asimétrica podrá cumplir su objetivo de evitar prácticas anticompetitivas por parte del AEPT.
El IFT ha avanzado mucho en sus seis años de existencia. No puede claudicar ahora, cuando más se le necesita.
