2021.09.20
Ingrid Motta vía La Lista
Un tribunal internacional resolvió desestimar una reclamación superior a los 120 millones de dólares presentada por Eutelsat SA. ¿Qué significa esto?
La falta de visión y sinergia del gobierno con la iniciativa privada está frenando y paralizando la imagen de México como un país atractivo y confiable para la inversión, tanto la local como la extranjera.
Querer mantener el país en el pasado, fuera de toda evolución en sectores fundamentales de la economía, como el energético y el de las telecomunicaciones, nos costará muy caro en el corto y mediano plazo.
De manera muy simbólica, la Secretaría de Economía informó el 15 de septiembre, a través de un boletín de prensa, que un tribunal internacional resolvió desestimar una reclamación superior a los 120 millones de dólares presentada por Eutelsat SA, empresa francesa que en el 2014 adquirió (por no decir salvó) el 100% del capital accionario de Satélites Mexicanos (Satmex), convirtiéndose en el titular de las concesiones de dicha empresa para ocupar posiciones geoestacionarias de México. La venta se dio bajo la promesa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de reducir la Capacidad Satelital Reservada al Estado (CSRE), la cual se otorgaba de forma gratuita para el uso del Estado mexicano.
No obstante, al acuerdo de palabra en el que el Estado promovió la venta de Satmex a Eutelsat, la Reserva del Estado se mantuvo en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promulgada el 2014, creando un escenario de clara desventaja para atraer inversiones y promover el crecimiento y desarrollo de la industria satelital en el país.
Después de tres años de no ver cumplida la promesa del Estado, en julio del 2017, Eutelsat SA presentó un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) México-Francia, donde analizaba y comprobaba el trato discriminatorio que recibía con respecto a otras empresas del sector satelital que prestaban los mismos servicios.
La figura de Reserva del Estado Mexicano es única. A nivel internacional, ningún Estado obliga a los operadores satelitales licenciados a otorgar ninguna capacidad satelital específica de manera gratuita. Estados Unidos y Brasil solicitan a los operadores que tengan disponibilidad de capacidad para situaciones de emergencia, pero con un costo.
De haberse cumplido la promesa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de utilizar 8 MHz para ejecutar su necesidad de conectividad, Eutelsat habría contado con fondos adicionales con los que su crecimiento hubiera sido sostenido e igualitario con las condiciones de mercado de sus competidores, y habría continuado modernizando su flota para traer más capacidad de conectividad a México y, en consecuencia, fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones del país.
Con esta resolución y supuesta victoria del Estado mexicano, se incumple y merma la confianza de inversores nacionales y extranjeros ahora en el sector de las telecomunicaciones, repitiéndose así la historia que hace poco también sucedió en el sector energético.
¿En verdad esta resolución es de celebrarse? Más bien creo que es para que como ciudadanos sigamos pegando un grito.
La falta de transparencia y definición de políticas públicas claras han frenado el crecimiento de la industria satelital, y la han invalidado como una solución a los problemas de conectividad en México, un país en el que dada su compleja orografía, los servicios de telecomunicaciones fijos no llegan a lugares alejados y son como siempre los más pobres los que más lo padecen.
