2019-07-28
De acuerdo con la Real Academia Española, bandazo es un movimiento o balance violento que da una embarcación hacia babor o estribor, y dar bandazos es vivir de manera inestable, sin lograr lo que se persigue. Pocas palabras pueden definir mejor al sector telecomunicaciones en México desde la apertura a la competencia. Con Zedillo, el sector se liberalizó y se fomentó la competencia; con Fox no se hizo nada salvo poner trabas a la competencia; con Calderón se encomendó el sector a burócratas veleidosos y corruptos, y con Peña, se llevó a cabo la reforma estructural más importante en la historia de las telecomunicaciones en México, estableciendo obligaciones asimétricas a los agentes preponderantes y quitando, desde la Constitución y la ley, las distintas barreras que se crearon a lo largo de los años para entorpecer la competencia efectiva. Con López Obrador, por su parte, se ha empezado a desmantelar la reforma con la pretensión de volver al bucólico y estatista edén de la juventud tropical del presidente. En pocas palabras, llevamos treinta años dando bandazos en un sector inestable que difícilmente cumplirá con las metas que tanto cacarean los políticos.
La regresión estatista que el gobierno de López Obrador pretende instaurar comienza con la reciente creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE Telecom) y la simulación que está maquinando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para eludir los candados legales que obligan a las empresas del Estado a ser exclusivamente redes compartidas mayoristas. Ya en mi artículo de la semana pasada hice referencia a las maromas que el gobierno y el IFT están ensayando para darle la vuelta a la ley y permitir que CFE Telecom preste servicios a usuarios finales y, lo que es peor, pueda obtener por asignación directa y a precios fuera de mercado los enormes contratos que para servicios de telecomunicaciones suscriben todos los entes públicos. Como señalé, la contradicción intrínseca que existe entre la naturaleza constitucional de CFE Telecom como empresa productiva del Estado y la supuesta ausencia de fines de lucro en su decreto de creación sienta las bases para una demanda de amparo por violación directa a la Constitución.
Pero esta no es la única violación constitucional: hay otra más evidente que de manera extraña ha sido poco comentada. El artículo Décimo Quinto Transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones, establece de manera expresa que la Comisión Federal de Electricidad debe transmitir a Telecomunicaciones de México (Telecomm) todos los recursos y equipos que tenga para prestar servicios de telecomunicaciones, de tal manera que Telecomm pueda, mediante una asociación público-privada, construir, desarrollar y explotar una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional. Los artículos transitorios de la Constitución, como éste, continúan en vigor en tanto su objeto no haya sido cumplido, y es evidente que con la cancelación del concurso público internacional para el desarrollo de la red troncal anunciada el 14 de agosto de 2019 por un director de segundo o tercer nivel de Telecomm, el objeto del Décimo Quinto Transitorio está lejos de cumplirse.
Aunque Telecomm pretende motivar la cancelación de la red troncal en las ambigüedades del Plan Nacional de Desarrollo y en la intención del gobierno de “alcanzar la mayor cobertura y comunicar a los pueblos de México que no cuentan con el servicio de telefonía móvil e internet […] por medio de una empresa […] que logre prestar servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro”, lo cierto es que ni el Plan Nacional de Desarrollo, ni el presidente de la República, ni el IFT, ni mucho menos un funcionario de Telecomm tienen atribuciones para contravenir un mandato expreso de la Constitución. Sabemos bien que el cumplimiento de la Constitución y la ley no es el fuerte del presidente López Obrador, quien las considera poco más que un estorbo. Y tiene razón, para eso están la Constitución y las leyes, para ser un dique contra los afanes voluntaristas de los hombres que transitoriamente detentan el poder. Es triste que otros hombres con poder emanado directamente de la Constitución, como los comisionados del IFT, carezcan del valor y la gallardía para cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.
