La licitación de uno de los proyectos más importantes del sexenio, la Red Compartida, no podría ir peor. El proceso no sólo es cuestionado por operadores, legisladores y medios en nuestro país, ahora también las quejas sobre su desarrollo se dan en medios extranjeros (desde el Wall Street Journal hasta The Irish Times).
Y es que después de realizar una intensa, prolongada y costosa promoción sobre las bondades del proyecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y su asesor financiero, Bank of America, presumían la existencia de 39 agentes interesados en participar en la licitación. Sin embargo, sólo se presentaron dos a concursar: Altán y Rivada-Networks y para empeorar las cosas, a partir del viernes pasado sólo quedó Altán como postor.
Ante la descalificación de Rivada por parte de la SCT y las duras acusaciones que esta empresa realizó en contra del Gobierno Mexicano en el sentido de que el proceso está siendo dirigido para favorecer a un ganador pre-seleccionado (Altán), hay que señalar los dos posibles escenarios que nos llevaron hasta aquí:
1.- Un primer escenario, el malo, indicaría que los interesados en la Red Compartida estaban ya tan acostumbrados a obtener todo tipo de favores por parte de la SCT (con tal de que se mantuvieran en el proceso licitatorio) que sencillamente uno de ellos no obtuvo a tiempo su garantía de seriedad y se le hizo fácil pedir una extensión para ello, misma que finalmente no le fue concedida.
Y es que tanto la SCT como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) habían ya dado tantas ventajas a los interesados en la Red que éstos pudieron pensar que seguirían torciendo las reglas a su favor ante unas autoridades en extremo complacientes. Aquí algunos ejemplos de la complacencia de las autoridades mexicanas:
i) Tiraron por los suelos el monto que debía cubrirse a la Tesorería de la Federación por el uso del espectro. La iniciativa de la Ley Federal de Derechos (LFD) para el ejercicio 2014 estimaba que los 90 MHz de la Banda de 700 Mhz -que serán utilizados por la Red Compartida- tenían un valor conjunto de 6,500 millones de dólares, monto que para el 2015 se redujo en un 67%, mismo que sufrió una nueva rebaja para el 2016 del orden de 90%. (De un monto inicial de 6,500 millones a pagar, apenas se cubrirán 218 millones de dólares).
ii) El ganador de la licitación no le tendrá que ofrecer monto alguno a la SCT para adjudicarse espectro, sólo debe dar promesa de cobertura poblacional en la prestación del servicio, misma que se redujo de una garantía del 95% del territorio nacional a tan sólo un 85% (lo que es una menor cobertura de la que ya ofrece Telcel).
iii) La Red debía iniciar operación a finales de 2014, plazo que se incumplió; y,
iv) Finalmente, a pesar de existir un programa anual de licitaciones, difirieron la licitación de otra banda que les podría hacer competencia (la de 2.5 GHz). Con ello, los ganadores de la Red Compartida se quitarían competidores y obligarían a operadores de telefonía celular a rentarles capacidad.
2.- Un segundo escenario, el peor, apuntaría a un proceso amañando que le otorgaría una ventaja indebida al consorcio Altán con ayuda de la SCT. Este se basaría en:
i) Se modificaron las etapas de un concurso ya en proceso para ayudar a un postor y desfavorecer al otro. Y es que, ya en curso el proceso de licitación de la Red, la SCT anunció en julio de este año la modificación de su propio calendario. El objetivo era dar más tiempo a los grupos para adquirir financiamiento. La realidad es que este plazo ampliado sólo lo usó Altán, mientras que Rivada objetó el retraso de la licitación.
ii) Hablando de financiamiento, sólo un postor —Altán— tendría acceso a financiamiento público. Al darse a conocer los accionistas que integran cada consorcio, se aprecia — luego de una investigación en los prospectos de la BMV— que sólo Altán contaría con el respaldo del Gobierno Federal, vía financiamiento público a través de fideicomisos constituidos por la Banca de Desarrollo (Banobras, Bancomext, Nafin y Focir). Estas condiciones de financiamiento, ofrecidas a únicamente uno de los consorcios, le brindarían a Altán una ventaja competitiva.
iii) Finalmente, según alega Rivada, se manejó un esquema rígido para uno de los consorcios. La descalificación de Rivada no obedeció a la falta de la entrega de información requerida en las bases, sino a que una parte de ella, la garantía de seriedad, fue entregada con posterioridad al plazo establecido en las bases, pero dentro del periodo en que la misma debía ser evaluada.
Así las cosas. La licitación más importante en telecomunicaciones de la administración peñista entra en una crisis mediática y legal, y si de por sí era difícil el defender un proyecto que no existe en ninguna otra parte del mundo, el seguir adelante con la Red Compartida —a pesar de tantos cuestionamientos y con sólo un postor— no parece ser una ruta viable para una cada vez más cuestionada SCT.
Cambiando de temas… *Hoy inicia la 58o Convención de la industria mexicana de radio y televisión, organizada por la CIRT que preside Edgar Pereda. En estos últimos meses, la industria de la radio ha tenido riesgos serios que empiezan a resolverse, y es que la nueva administración en la SHCP –de la mano con el IFT- acordó no incrementar el precio para la renovación de concesiones de radio e incluso facilitar créditos vía Nafinsa.
En el tema de la modernización de estaciones de AM que migran a FM, el IFT acaba de sacar nuevos criterios que permitirán migrar 47 estaciones de un total de 171 que estaban pendientes. Con ello, se logrará que 25% de las estaciones pendientes concreten su migración a la banda de FM en tanto se ejecuta un plan alterno para las restantes. Todo esto da cierta tranquilidad a la radio, con lo que podría reelegirse Edgar Pereda por un año más al frente de la CIRT.
*Lo que sí es una mala noticia para todos los medios electrónicos del país es la decisión del Tribunal Electoral Federal (mismo que a su vez culpa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación) de que ya no se podrán hacer debates en los que participen “al menos dos candidatos a la misma elección”. Ahora quieren que se invite a todos los candidatos, lo que hará que para la elección del 2018 haya debates a la presidencia con un número muy elevado de candidatos (nueve partidos políticos más candidatos independientes). Con ello, tener la posibilidad de organizar debates serios y relevantes para la audiencia –entre 2 ó 3 candidatos- ha quedado descartado para nuestra siguiente elección presidencial. Habremos de seguir con formatos aburridos de innumerables candidatos, mismos que nadie verá.
Si aunado a esto la Corte en su resolución de hoy sobre cómo debe operar la Ley de Réplica señala que los partidos tienen derecho a replicar notas que les agravien (aunque sean verdaderas) y les da a los partidos un sistema de tribunales a modo y derechos preferenciales para ejercer sus réplicas contra medios impresos y electrónicos, iremos a la elección presidencial más censurada (y acartonada) desde 1994. Algo que seguirá diluyendo la credibilidad de la clase política.
