vía El Economista
Ayer, durante la discusión del dictamen de la reforma eléctrica en la sesión de comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, de la Cámara de Diputados, el presidente de la primera, quien conducía la sesión, hizo una exposición sobre el contenido de dicho documento, destacando con toda nitidez una de las intenciones centrales de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador: “…la nueva naturaleza jurídica constitucional que se propone para lo que hoy todavía es una empresa productiva y lo que se propone que pase a ser nuevamente un órgano público a través del cual el estado conduciría pues el sistema eléctrico nacional. Me refiero desde luego a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)…”.
Aunque ya lo sabíamos, no debemos pasar por alto que en los pocos minutos que utilizó el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales para explicar el contenido del dictamen, tuvo un papel relevante es referencia expresa a la intención de la actual administración para convertir a la CFE no solo en una empresa que participe en el mercado eléctrico, con todas las ventajas legales que le otorgaría la reforma, sino más allá de ello, que al mismo tiempo sea empresa, órgano regulador del mercado eléctrico y organismo dedicado al diseño e instrumentación de políticas públicas vinculadas con el mercado eléctrico, si es que después de aprobada una reforma así podemos llamarle mercado.
Esa naturaleza atípica y perniciosa, terminará por devorar los sueños de grandeza de la 4T para el sector eléctrico. Se trata de funciones que en las sociedades modernas ha quedado plenamente comprobado que deben estar en entes diferentes, para que las decisiones de política pública no se adopten en función de los vicios operativos de lo que se supone debería ser una empresa eficiente, pero que en manos del estado jamás lo será. O bien, para que las decisiones regulatorias que afectarán no solo a la CFE sino a sus acotados competidores, estén construidas con la idea de no dañar el control que ejerce sobre los debilitados competidores.
Haciendo un símil con el sector telecomunicaciones, es como si desapareciéramos el IFT para que las funciones de regulador las asumiera América Móvil (AMX). Lo primero que haría por ejemplo, sería autorizarse cobrar tarifas de interconexión más altas a los competidores para que estos pudieran usar partes de la red de AMX, o se asignaría la mejor dotación de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios 5G para ganar ventaja sobre los demás participantes, y ya entrado en su papel de regulador bondadoso, se autorizaría el servicio de televisión, para terminar de controlar todo el sector telecomunicaciones. El resultado sería desastroso no solo para el sector telecomunicaciones, sino también para todo el país y su competitividad, y de manera señalada, para el bienestar de los mexicanos.
De ese tamaño es el despropósito de la 4T con el futuro del sector eléctrico de nuestro país, pero peor aún, con el futuro y el bienestar de millones de familias mexicanas que aspiran a vivir mejor, en un país más competitivo y equitativo para todos.
El presidente la comisión de Puntos Constitucionales también explicó que el dictamen hace un análisis con el que “encuentra argumentos suficientes para afirmar que la modificación constitucional es conforme con los tratados internacionales, particularmente con el principal” refiriéndose al T-MEC desde luego. No debería sorprendernos la ligereza con la que se analizan los compromisos de México en ese acuerdo comercial, pero no hay duda de que la reforma provocaría que México viole no uno, sino varios compromisos contenidos en el texto del acuerdo. La advertencia formal de ello ya fue comunicada a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, por Katherine Tai, titular de la USTR de los Estados Unidos, a quien el presidente López Obrador descalificó con ligereza en una “mañanera” reciente.
Pero aún con todas las supuestas certezas que alegan tener, los diputados de la 4T no tuvieron más remedio que buscar aplazar la discusión del dictamen en el pleno para el domingo 17 próximo. No tienen los votos para aprobarla. Por ello, cada vez son más frecuentes los tropiezos.
*El autor es economista.
@GerardoFloresR
