2018-02-21
Hace algunas semanas comenté en este espacio las distintas propuestas que en materia de telecomunicaciones habían planteado las tres coaliciones que se disputarán la Presidencia de la República en las elecciones del 1 de julio. En el caso de la coalición integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), que han postulado a Andrés Manuel López Obrador como su candidato a la Presidencia, su Proyecto de Nación 2018-2024 contempla como única propuesta el otorgamiento de “concesiones sociales utilizando el espectro en diferentes bandas de frecuencia (700, 1900, 2500, 1700 MHz) que están concesionadas para prestar servicios de telecomunicaciones móviles de voz y datos”. La idea es que los concesionarios de estas bandas subarrienden frecuencias a comunidades y organizaciones no gubernamentales para que sean éstas las que desplieguen redes en los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. La propuesta me parece inviable porque las redes de telecomunicaciones son intensivas en capital, y pulverizar en comunidades la construcción y operación de microrredes tendrá como consecuencia que cada una de ellas, en lo individual, sea incapaz de sostenerse con ingresos propios.
De echarse a andar esta propuesta podríamos caer nuevamente en un sector de telecomunicaciones adicto al subsidio público, como el que con gran acierto desmantelamos en 1990 con la privatización de Telmex. Más que el hecho mismo de subsidiar a comunidades aisladas para que instalen sus redes de telecomunicaciones en los estados más pobres del país (lo cual podría ser benéfico si se hace a través de subsidios dirigidos a proyectos que en el mediano plazo puedan ser autosustentables), lo que me preocupa es la creciente tendencia política a intervenir en un mercado que, salvo fenómenos de concentración que deben ser corregidos, en términos generales ha mejorado la calidad y asequibilidad de los servicios sin necesidad de subsidios gubernamentales.
En esta administración se dieron los primeros pasos para la vuelta de un Estado operador de servicios de telecomunicaciones, a través de la creación de la Red Compartida, cuyo principal activo, la banda de 700 MHz, fue aportado por el gobierno con un subsidio de más de 90% de lo que pagan las empresas privadas por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. Mucho se ha hablado sobre la Red Compartida y sus potenciales beneficios, aunque aún no se sabe si las expectativas serán cumplidas. El principal problema que enfrentará esta red es la potencial ausencia de demanda si los operadores privados deciden no comprarle capacidad. Telcel ya dijo que no y, ciertamente, no la necesita. AT&T podría no requerir de la Red Compartida si adquiere directamente frecuencias en la banda de 2.5 GHz en la licitación de este año. Quizá sólo Telefónica pueda necesitar capacidad de la Red Compartida. De cualquier manera, al día de hoy es una apuesta que está en el aire.
En la última reunión mensual del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, AC (Idet), que me honro en presidir, platiqué con un buen amigo, quien me comentó que mi colega y amigo, Abel Hibert, con quien coincidí como comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones durante el sexenio de Fox, estaba asesorando a Alfonso Romo en materia de telecomunicaciones. Para nadie es un secreto la cercanía de Alfonso Romo con López Obrador, por lo que es muy probable que la experiencia de Abel en el sector sea un factor de estabilidad y buenas ideas en caso de que López Obrador gane la Presidencia. Si bien éste nunca se ha manifestado en contra de la reforma en telecomunicaciones del 2013, como sí lo ha hecho respecto de las reformas energética y educativa, así como sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, su cercanía con el ingeniero Slim es un factor de inquietud en el sector. Recordemos que López Obrador y Slim fueron estrechos aliados en el proyecto de salvamento del centro histórico de la Ciudad de México. Esperemos que los buenos resultados de antaño no influyan en un cambio de rumbo en telecomunicaciones y que la autonomía constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones se respete a cabalidad.
