2021.02.11
Vía El Economista
La Comisión Europea ha afirmado ya que lo que resulta legal/ilegal off-line, debería ser legal/ilegal on-line. Esa es en buena proporción la asignatura que toca abordar en esta evolución hacia el mundo crecientemente digital en lo comunicacional, transaccional, educativo, cultural, en fin, en prácticamente todos los campos de nuestra vida y evolución.
Indudablemente, los medios digitales, principalmente las redes sociales, se han convertido en entornos propicios para la satisfacción de una pluralidad de derechos, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad ideológica y religiosa, derecho a la información, a la comunicación libre, a la educación, entre otros.
El mundo físico y el digital comienzan a converger a ser amparados, pero al mismo tiempo, supervisados por marcos normativos tan convergentes como la tecnología que les da origen. Siguiendo con las asignaturas por solventar, está la revisión del marco básico legal para las redes sociales con notoria preocupación por la privacidad y el acceso amplio a la información, pero sobre todo y comprensiblemente, por la libertad de expresión.
Efectivamente, garantizar la libertad de expresión se colocado hoy en el centro de las iniciativas para regular los principios y buenas prácticas que deben prevalecer en las plataformas digitales. En la Unión Europea lidera la discusión hacia crear un espacio digital más seguro, transparente y que proteja los derechos fundamentales de los usuarios.
Ni de chiste un tema menor en México, en donde existimos ya 76.9 millones de mexicanos usuarios regulares y hasta intensivos de las redes sociales, esto es, 61.0% de la población u 87.3% del universo internauta.
No es de extrañar entonces que la iniciativa recientemente publicada por el Senador Ricardo Monreal despertara pasiones, fundadas e infundadas. También inaugura una oportunidad, muy delicada, por cierto, para analizar, discutir y decidir sobre las reglas básicas para proteger estos derechos.
La contabilidad creciente y acelerada expansión en la relevancia de estos medios para ejercer estos derechos y libertades, hace clara la necesidad de repasar los principios básicos rectores en las plataformas digitales. Ello se sustenta en las experiencias recientes que evidencian los daños por la difusión de mensajes de odio, noticias falsas, ataques a la moral y al orden público, así como las agresiones y vulneraciones a la vida privada y los derechos de terceros.
Vaya extensa lista de temas cruciales por analizar, para lo cual se antoja poco la sentencia temporal de tan solo un puñado de semanas.
A partir de esta iniciativa, la discusión debe ser amplia y abierta a todos los agentes involucrados (usuarios, empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobierno) para definir mecanismos óptimos, transparentes y legítimos en torno a proteger la libertad de expresión en medios digitales.
Así como la propuesta homóloga de Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, el debate debe ser abierto para asegurar la protección de los derechos fundamentales, preservar los principios democráticos y erradicar los riesgos sistémicos como la manipulación, la desinformación y los ataques al orden y bienestar público.
Y mejor acostumbrémonos a que esta deberá ser una discusión continua y perfectible, tanto como la tecnología y su adopción continúen cambiando y, que no será solventada con una o dos iniciativas legislativas.
Podemos entonces aprovechar esta iniciativa como el punto de partida, para establecer salvaguardas necesarias para garantizar los derechos de los usuarios y el sano comportamiento de los servicios y plataformas digitales.
