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Logro central para el IFT en el Poder Judicial

Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones

2021.07.06

Vía El Economista

La semana pasada se dio a conocer la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por el que este órgano se pronunció respecto al Conflicto Competencial Administrativo entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a raíz de un aviso publicado por la Autoridad Investigadora del IFT el 22 de octubre de 2020 respecto al inicio de una “investigación en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos móviles, servicios de cómputo en la nube…”.

Si bien el tribunal colegiado referido resolvió que los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales y de servicios de cómputo en la nube corresponde ser investigados por la Cofece y que el mercado de sistemas operativos móviles es competencia del IFT, debe destacarse de manera central que aquel órgano jurisdiccional precisó con absoluta claridad que los mercados de provisión de contenidos audiovisuales a través de plataformas OTT, así como de publicidad en línea, son competencia del IFT.

Aunque lo resuelto por el tribunal no está apoyado en un análisis de fondo sobre lo que implican los servicios que decidió son competencia de la Cofece, debe reconocerse que la precisión hecha sobre el caso de los contenidos audiovisuales y de la publicidad en línea, ambos servicios a través de plataformas OTT, debe considerarse como sustantiva, sobre todo en el contexto de la continua rivalidad que hemos atestiguado entre los dos órganos constitucionales autónomos surgidos a partir de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica de 2013.

Lo anterior reviste de gran importancia particularmente frente a la tendencia irreversible en la forma en que se distribuyen y consumen contenidos audiovisuales en todo el planeta, tendencia respecto de la que México no es ajeno.

Solo para citar un caso que ejemplifica lo anterior, basta revisar el proyecto de reforma legal que aprobó hace cerca de dos semanas la Cámara de los Comunes en Canadá, a propuesta del gobierno de Justin Trudeau, en el que quedó definido que radiodifusión significa cualquier transmisión de programas, sin importar si se hace bajo un horario o bajo demanda, si los programas están encriptados o no, si se transmiten por ondas de radio o cualquier otro medio de telecomunicaciones para que pueda ser recibido por el público a través de aparatos receptores. En el mismo sentido, se definió que una empresa o ente de radiodifusión incluye a empresas de distribución, empresas que proveen servicios en línea, a empresas de programación y a cadenas de televisión o radio.

No podemos hacer a un lado que son cambios legislativos que emprendió uno de nuestros socios en el T-MEC, y que ello se convierte en una referencia de gran relevancia sobre cómo se está replanteando el marco legal que regula a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión con relación a la prestación de servicios todavía relativamente nuevos como los de contenidos audiovisuales a través de plataformas OTT e incluso con relación a la regulación de las redes sociales.

No obstante la precisión del tribunal colegiado en el sentido de dejar a salvo para el IFT la competencia de este en el ámbito de los contenidos audiovisuales y la publicidad en línea, a través de plataformas OTT, no ha recibido aún la atención que merece en los medios, ello no lo convierte en un tema menor.

Por lo pronto, bien valdría la pena que Cofece se vaya haciendo a la idea de que conforme maduren los mercados que el avance tecnológico en materia de telecomunicaciones permita cada vez más, resultaría pertinente que empiece a desistir de esa tentación de estar disputando competencias al IFT, que lo único que provocan es el retraso de la solución de problemas que aún aquejan al sector telecom de nuestro país o a los nuevos problemas que sí debería resolver un órgano especializado como el IFT.

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