Estamos muy próximos a que inicie en el Congreso de la Unión todo indica que será en el Senado de la República el análisis y discusión de la iniciativa de legislación secundaria propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. Obviamente, ello dará lugar a la elaboración de un dictamen que será votado y que para ser aprobado requiere lo que se denomina mayoría simple.
En los días previos, muchos de ustedes habrán podido leer y escuchar un debate bastante álgido en torno a las obligaciones de retransmisión gratuita de señales de televisión abierta que el poder reformador de la Constitución incorporó en la misma. Sin duda un tema de gran importancia, que debe ser resuelto a la brevedad. Pero ojo, no es el único tema que la Constitución buscó resolver. De hecho, en realidad hay temas mucho más importantes que deben ser resueltos como consecuencia del nuevo texto y espíritu constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Digo que son mucho más importantes porque su impacto sobre el ingreso disponible de los mexicanos es mucho más profundo que la cuestión de si las señales de televisión abiertas las podemos ver vía una antena para captar ese tipo de señales o a través de sistemas de televisión restringida. Para empezar, ahí está la estimación de la OCDE de enero del 2012, sobre el efecto negativo en el bienestar de los mexicanos que ocasionan, por un lado, la excesiva concentración, en manos de un solo operador en los mercados de telefonía fija, móvil y de banda ancha, y por otro, el consecuente elevado nivel de las tarifas de esos servicios que pagan los mexicanos (los que los pueden pagar naturalmente). La OCDE nos informó que ese costo en bienestar es de prácticamente 26,000 millones de dólares americanos, de los cuales la mitad corresponde al costo en bienestar que sufren los usuarios actuales de dichos servicios, simple mente porque pagan tarifas muy por encima de las que podrían pagar si hubiera competencia efectiva en México.
La otra mitad de ese costo en bienestar es el que sufren los mexicanos que no pueden contratar estos servicios, simplemente porque esas tarifas que están por encima del nivel de competencia efectiva les son prohibitivas. Ahora bien, no sólo la OCDE nos ha dicho lo que afecta a los mexicanos esa excesiva concentración. La hoy extinta Comisión Federal de Competencia ya nos señalaba en el 2009 en el documento “Recomendaciones para promover un marco regulatorio más favorable a la competencia en la interconexión entre redes de Telecomunicaciones” que junto con la excesiva concentración en los mercados fijo y móvil, preocupaba el excesivo nivel de ganancias que obtenía quien ustedes ya se imaginan, Telmex y Telcel, desde luego.
En el caso de Telcel, en paralelo de acaparar un poco más de 70% del mercado, sus márgenes de ganancia durante toda la década pasada se ubicaron en niveles groseros por decir lo menos, muy por encima de cualquiera de sus competidores en México y prácticamente 70% por arriba del promedio de la OCDE. Se puede decir que las cosas prácticamente no han cambiado. Los mexicanos seguimos pagando mucho y los accionistas de Telmex y Telcel siguen obteniendo ganancias extraordinarias. Lo que buscará la legislación secundaria es mejorar las condiciones de competencia para que haya más opciones de elección y mejores tarifas, lo que seguramente sí impactará las ganancias de esos accionistas, que, reitero, han sido extraordinarias o extranormales.
*El autor es Senador de la República.