2021.02.01
Vía El Economista
Apenas llevamos un mes recorrido de este 2021 y la 4T ya se muestra impetuosa por descarrillar la lenta e incipiente recuperación de la economía mexicana, que además, ya sabemos que no tiene el impulso necesario y suficiente para permitir que el PIB de México pudiera estar regresando ya no se diga este año a los valores que se registraban cuando empezó la pandemia, ni siquiera el próximo, como si lo logrará en este 2021 nuestro vecino del norte, Estados Unidos, y Canadá muy probablemente hacia el primer trimestre del 2022, junto con varias otras naciones.
Ayer por ejemplo, en la apertura de sesiones del Congreso, se dio cuenta de una iniciativa presentada por el presidente López Obrador con carácter de Preferente, para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. El carácter de Referente significa que deberá ser discutida y votada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República, en un plazo máximo de 30 días naturales por cada cámara. Probablemente quede aprobada a principios de abril.
Es una iniciativa que ya está dando mucho de qué hablar, pues busca vía una reforma legislativa lograr lo que por la vía administrativa no ha podido hacer el gobierno del presidente López Obrador: operar el sistema eléctrico nacional a capricho de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con las ineficiencias y riesgos que ello implique, bajo el argumento de que solo la CFE cuida el interés nacional.
Para darnos una idea del lance que pretende la 4T, basta ver que en el artículo 4 de la ley en cuestión se elimina el siguiente enunciado: “La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia”. Es decir, la premisa de que dichas actividades ocurrirán bajo un escenario de libre competencia, ya no estará presente en la ley.
A partir de ahí, todo queda sujeto a trucos legales o ambigüedades tales como “cuando sea técnicamente factible”, “los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría”, y lenguajes similares, que darán a la Secretaría de Energía y la CFE manga ancha para fijar condiciones, términos, requisitos y plazos a capricho de esa necia visión propia del siglo pasado, que además, muy probablemente darán pie a revocaciones de permisos otorgados con anterioridad.
Ello provocará un nuevo deterioro en la percepción de certidumbre para los inversionistas, que a su vez afectará nuevamente decisiones de inversión, lo que se reflejará en una aún más deteriorada capacidad para crecer de nuestra ya anémica economía mexicana. Es evidente que no se tomaron la menor molestia por estudiar las consecuencias que tendrá para México la violación de compromisos asumidos no solo en el T-MEC, sino también en el Tratado de Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TPP-11.
En este contexto, de esa animosidad de la 4T por estropear aún más la zarandeada percepción de certidumbre que ofrece la actual administración, también se ubica la aparentemente noble reforma para obligar al Banco de México a adquirir los dólares y otras divisas que no hayan podido ser repatriados a Estados Unidos y sus demás países de origen, respectivamente. Pareciera que hay un espacio para la sensatez, pero viendo lo que han hecho en otros temas, es altamente probable que se hagan a un lado todos los argumentos expresados por los que sí saben sobre la cuestión y los riesgos que implica aprobar esa reforma. Se envuelven en la retórica para supuestamente legislar a favor los migrantes. La estabilidad del país es lo de menos. Así se perfila de las posiciones expresadas en la primera de dos sesiones del parlamento abierto sobre esta reforma organizado por las comisiones de Hacienda de ambas cámaras del Congreso.
Con estas perlas arrancando el año, la de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y la necedad de la reforma a la Ley del Banco de México, para qué hablamos de recuperación económica.
