2020.12.15
Vía El Economista
Ayer en la noche aún había incertidumbre en distintos ámbitos tanto domésticos como en el exterior, sobre la suerte que seguiría la minuta de la Cámara de Senadores por la que se reforma la Ley del Banco de México, mediante la cual se pretende obligar al banco central a comprar los dólares en billetes que las instituciones financieras no hubieran podido repatriar o exportar a través de corresponsales extranjeros, supuestamente sujeto a que se cumplan ciertos requisitos consistentes con prácticas anti-lavado de dinero. La cuestión no es menor, ni tampoco es un asunto que sea de tal simplicidad que en la cámara de origen se hubiere procesado a una velocidad inusitada, algo que tampoco debería sorprender, sobre todo cuando se aproxima el cierre de un período ordinario de sesiones.
De la misma forma, en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena, que por sí solo tiene los votos para que dicha minuta sea aprobada, el proceso legislativo se ha movido con una velocidad que preocupa, particularmente porque se ha instalado una especie de actitud irreflexiva, que justifica las prisas por la inminencia de la llegada de miles de compatriotas que trabajan en Estados Unidos y que, según quienes defienden la atropellada reforma, serán esquilmados en sus pueblos de origen por vivales que les comprarán sus dólares a un tipo de cambio muy por debajo del que prevalece en el mercado.
En primer lugar habría que decir que el problema que se supone motiva la reforma no va a desaparecer por el hecho de que el Banco de México esté obligado, a partir de que eventualmente se publique en el Diario Oficial de la Federación, a comprar esos dólares en billetes que no se hayan podido repatriar vía los corresponsales, porque en gran medida el problema es uno de cobertura bancaria o de presencia de agentes financieros insuficiente en muchas localidades de nuestro país, incluidas aquellas conocidas como expulsoras de migrantes.
Arriba digo que esa obligación que se pretende imponer a Banxico estaría supuestamente vacunada por controles anti-lavado de dinero. Pero que son controles a los que se supone que hoy tratan de apegarse las insituciones financieras en nuestro país, que no son a prueba de balas, es decir, aun apegándose a ellos, existen riesgos en validar que el origen de los dólares que están comprando es legítimo. Ese riesgo hoy se distribuye entre decenas de agentes financieros. El problema es que con la reforma, al obligar a Banxico a comprar esos dólares como comprador de última instancia, ese riesgo distribuido será absorbido exclusivamente por nuestro banco central.
Si esos controles a los que apuestan tanto la solidez de esta irracional obligación que de repente le quieren imponer a Banco de México fueran perfectos, imposibles de evadir, entonces ¿para qué necesitamos una institución como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?
Pues bien, ese riesgo, por pequeño que pueda parecer a la mayoría de los senadores y a muchos diputados, significa un riesgo permanente para una institución, cuyo mandato plasmado en la Constitución es procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso mexicano. Asumir ese riesgo que puede generar eventuales sanciones por parte de autoridades reguladoras de otros países, sanciones que a su vez pueden generar episodios de nerviosismo en los mercados financieros y con ello corridas contra el peso mexicano, implica entonces reducir o anular la capacidad del Banco de México para cumplir con el mandato constitucional.
Por ello, vale la pena preguntarnos ¿estará realmente enterado el presidente que tanto presume sobre la estabilidad del peso sobre las consecuencias indeseadas de esta atropellada reforma?
