Gerardo Flores Ramírez
El Economista
Para desencanto de alguna que otra profetisa o intentos de profetas, que auguraban la conjunción de diversas fuerzas del mal que terminarían por parar en seco en el Senado la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, tal catastrófico escenario no se dio.
No se dio, simplemente porque nunca fue un riesgo real. Lo que ocurrió en realidad es que, lamentablemente, montados en su soberbia, algunas actoras -que no actrices- y actores que participaron en la construcción del proyecto de iniciativa de reforma, que transitó sin cambios por la Cámara de Diputados en su calidad de Cámara de origen, suponían que dicho proyecto reunía tal nivel de perfección que no admitía ningún cambio, y que prácticamente condenaban a la hoguera, de sus vanidades obviamente, a aquél que osara mencionar alguna oportunidad de mejora a la minuta de reforma remitida al Senado para su revisión, discusión y votación.
Con la mira puesta siempre en los acuerdos viables entre los grupos parlamentarios, las comisiones del Senado encargadas de la dictaminación trabajaron con entera responsabilidad. El resultado: un acuerdo político que permitió corregir algunas de las deficiencias contenidas en la minuta, un acuerdo que logró el beneplácito de una abrumadora mayoría en la Cámara Alta.
Se corrige el papel de órganos soberanos que prácticamente se le había otorgado a los dos nuevos entes reguladores autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Federal de Competencia económica (CFC), para convertirlos en órganos del Estado sujetos a los debidos arreglos de pesos y contrapesos que harán más eficaz la rendición de cuentas de éstos y su relación con los poderes de la Unión.