2017-11-24
Con las reformas estructurales al sector de la radio y la televisión se estableció en el artículo 134 de la Constitución que a más tardar en el mes de abril de 2014 se tendría que promulgar una ley de propaganda oficial.
La idea atrás de esto es normar de una manera más transparente y eficaz todo el gasto gubernamental (federal y local) que se hace en todos los medios de comunicación. Son muchos miles de millones de pesos los que se gastan en propaganda oficial todos los años. Las cifras son escandalosas.
Para darse una idea, Héctor Aguilar Camín comenta en su columna de ayer que solamente el gobierno federal gasta un millón de pesos cada hora en propaganda.
A esto hay que sumarle los gastos registrados de los estados y municipios, así como los gastos no registrados, particularmente en épocas de campañas electorales donde los favores de los medios son imprescindibles para una victoria en las urnas. Claro está, esta simbiosis entre gobiernos (de todos los niveles) y los medios de comunicación ha generado un despilfarro de recursos a lo largo de muchos años.
Pues bien. Justo este modelo es el que se trató de revisar en la reforma constitucional. Si bien hubo algunos intentos por aterrizar una nueva legislación, la verdad es que la clase política y los partidos políticos en particular tienen serias resistencias a cambiar un modelo al que ya están amañados desde hace tiempo. El caso es que a la fecha no se ha normado la publicidad oficial.
Sin embargo, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo respecto a este tema, y le instruye al Congreso para que a más tardar en abril del próximo año se legisle dicho ordenamiento. Es la primera vez que me toca ver que la SCJN le ordena al Congreso expedir una ley.
Seguramente esto dará mucho de qué hablar entre abogados constitucionalistas y algunos estudiosos de los órdenes y contrapesos del Estado. Parece que generará polémica la decisión de la Corte.
Lo que sí es cierto es que nos vendría muy bien a todos, como mexicanos, contar con una legislación de vanguardia, que elimine la discrecionalidad, la ineficiencia, y el despilfarro de dinero para la propaganda gubernamental. También es muy importante que esta nueva ley reconozca los cambios tecnológicos en el sector y las nuevas plataformas existentes para transmitir información. Estaremos muy atentos a lo que pase de aquí a abril de 2018.
