2020.08.25
Vía El Universal
Hoy, familiares de miles de enfermos de Covid-19 están buscando atención y un trato digno para sus pacientes, mientras que, en el caso de las familias de los más de 60 mil muertos por coronavirus, se busca consuelo. Eventualmente habrá demandas por lesiones y homicidios contra el Estado mexicano y servidores públicos por conductas presuntamente negligentes. Incluso, dado que aparentemente llegaremos a más de 130 mil muertos, habrá quien intente armar un caso de lesa humanidad, mismo que se trata de un delito inhumano de ataque generalizado a la población civil para aplicar ciertas políticas públicas. Este tipo de delito no prescribe y México firmó los acuerdos ante la Corte Penal Internacional, para ser investigado por este tipo de crímenes.
Así que, si bien los funcionarios de la actual administración están hoy sin mayor preocupación por el número de muertos, valdría la pena que abogados especializados revisen si éstos pudieran o no tener consecuencias legales más adelante.
Y es que, con más de 60 mil fallecidos oficiales hasta hoy, con otros 70 mil más proyectados, con un semáforo epidemiológico que cambia de color al capricho de las autoridades, con cada vez menos pruebas aplicadas de Covid —según reporta EL UNIVERSAL, se realizan 0.3 por cada 100 mil habitantes—, con el desmantelamiento de la infraestructura hospitalaria pública existente y ni siquiera con mediana claridad en la recomendación para el uso del cubrebocas, funcionarios de salud de esta administración pudieran enfrentar varios cargos en el futuro.
En México, desde hace varias décadas, el gobierno saliente y sus funcionarios quedan a merced del gobierno entrante. De hecho, pocas veces se ha sentido de manera tan clara la posibilidad de que varios exfuncionarios sean sometidos a procesos penales como ahora los calderonistas y peñistas siendo exhibidos y, quizá eventualmente, procesados por el lopezobradorismo. Incluso ayer, durante la mañanera, el presidente López Obrador abrió formalmente la puerta para realizar una consulta nacional en torno al enjuiciamiento de los expresidentes, desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto.
Por ello, valdría la pena cuidar, desde hoy, cómo procesan la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación todos estos casos contra exfuncionarios, pues con los más de 130 mil muertos que se proyectan en su haber, parece inevitable que la actual administración reciba varias demandas e incluso hasta una investigación internacional.
No tengo duda de que el presidente López Obrador es un dirigente político bien intencionado y durante años se preparó para luchar contra la corrupción, pero claramente su administración no estuvo ni está lista para lidiar con este triste episodio de salud pública. De hecho, su gobierno ya está rebasando el escenario más catastrófico que ellos mismos habían estimado.
Los expresidentes Calderón y Peña tal vez nunca imaginaron, cuando estaban en su segundo año de gobierno, que enfrentarían los serios problemas que hoy se tienen. Pero ninguno de ellos tuvo, ni de cerca, tantos muertos en su haber.
Por ello, no está de más que alguien audite legalmente la respuesta que la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General han dado a la pandemia. No vaya a ser que en el siguiente sexenio se empiecen a fincar responsabilidades por las decenas de miles de muertes que se registran.
Ver en el espejo a Calderón y Peña debería ser suficiente para que todos los hoy funcionarios sean más cuidadosos en la toma de decisiones, y cuenten con elementos para respaldarlas. Ser funcionario público hoy en día es una labor delicada.
