El día de ayer hicieron entrega a la SCT las propuestas técnicas y económicas en el proceso de licitación de la red compartida, los consorcios que previamente recibieron opinión favorable en materia de competencia, por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Al envío de esta columna todavía no terminaba el acto de entrega de propuestas en la SCT. Anterior a este acto había trascendido que algunos o todos los consorcios participantes en el proceso, estarían siendo financiados con recursos provenientes de la banca de desarrollo mexicana. Es decir, con inversión pública. Con nuestro dinero, estimado lector.
Esto último distorsionaría todo el propósito de la asociación pública privada (APP), esquema bajo el cual se determinó la creación de la red compartida. Que se utilicen recursos públicos para el financiamiento de la red es un absurdo y contraviene el esquema de la APP planteado desde la Constitución.
Ya de por sí el gobierno está poniendo la valiosa banda de 700 MHz y dos hilos de fibra de la red de CFE. Ahora habría que sumarle el apoyo financiero, en años de recortes presupuestales y astringencia económica. Se calcula que el costo de construcción y despliegue de la red oscila alrededor de los 7 mil 500 millones de dólares.
El Gobierno federal se ha empeñado, a toda costa, en apoyar este proyecto. Se han dado todas las facilidades a los participantes. Se ha pospuesto el proceso de licitación en varias ocasiones para adecuarlo a las necesidades de los interesados, la última se dijo que era para darles más tiempo en concretar sus líneas de financiamiento.
Se hizo un descuento del 90 por ciento en el pago de derechos por el uso de la banda de 700 MHz, al disminuir la tarifa de 0.2 a 0.02 dólares por MHz Población. De un día a otro cambió la valuación del espectro radioeléctrico por parte del gobierno. Por otro lado, e injustificadamente, se pospuso la licitación de la banda de 2.5 GHz que serviría para satisfacer las demandas de espectro de los operadores móviles establecidos (Telcel, ATT, y Telefónica). Por cierto, serían estos últimos los principales clientes de la red compartida.
Vale señalar que todo esto sin contralor interno por parte del IFT que supervise y dé seguimiento al proceso licitatorio. El miércoles los respectivos presidentes de la Comisión de Comunicaciones, Javier Lozano por parte del Senado, e Ivonne Ortega de los diputados, emitieron un comunicado en el que advierten un seguimiento puntual al proceso de licitación.
No cabe duda que esta ocurrencia inédita de la red compartida, inscrita en la Constitución Política, continúa levantando cuestionamientos. El fallo y adjudicación del proyecto se dará hasta el 17 de noviembre de este año. Estaremos pendientes del resultado.
