vía La Lista News.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) posiblemente resolverá este lunes si la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que eliminó varios excesos que había en la ley de 2014 y que eran un grave riesgo para la libertad de expresión, es constitucional o inconstitucional.
En la discusión se destacará el tema en materia de los derechos de las audiencias, poniendo sobre la mesa la regulación de contenidos en medios informativos. Se pretende que el gobierno federal participe como “vigilante” a través de supervisores designados por el Poder Ejecutivo con la facultad de definir qué tipo de contenidos son adecuados para la audiencia, de acuerdo con las normas impuestas por el Estado, y ordenar si un programa de radio o televisión salga del aire o no.
Al respecto, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) transmitió su preocupación a través de un comunicado, destacando la importancia de que la SCJN garantice el pleno ejercicio de la libertad de expresión en los medios y evite que pretensiones de actores políticos de control de los contenidos que se transmiten en programas de radio y televisión abierta y restringida, al ser obligados a distinguir información de opinión en programas noticiosos inhibiendo la labor periodística de los medios y restando certeza jurídica a los concesionarios de los medios, quienes ante la falta del cumplimiento de los criterios del gobierno, puedan recibir la detención precautoria de transmisiones o ser sancionados hasta con el 3% de los ingresos anuales ante cualquier violación a esta disposición.
La libertad de expresión es un derecho que se debe ejercer por parte de los medios de comunicación y sus comunicadores. El ajuste al marco legal de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se discutirá este lunes tiene consecuencias internacionales al ser una práctica no presente en ningún otro país del mundo, y que además representa una violación a los derechos humanos, particularmente el derecho fundamental a la libertad de expresión y por ende a la acción de una sociedad democrática.
