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Ya controlan los medios públicos, ahora van por línea editorial de privados

Que las casetas telefónicas obsoletas desaparezcan de una vez por todas en México: así es la propuesta de una diputada del PRI

2022.01.02

Vía El Economista

El Poder Judicial pretende revivir dos “derechos de las audiencias” que en realidad son el pretexto para que el gobierno censure y restringa la libertad de expresión.

La libertad de expresión y de manifestación de las ideas en México es objeto de un ataque constante y virulento por parte del Presidente de la República, el gobierno federal en su conjunto, gobiernos estatales y municipales y el crimen organizado. El número de periodistas muertos en lo que va del sexenio lo acredita. Pero no es nada más con balas, en la calle o en la Mañanera como el gobierno de López Obrador pretende acaparar la discusión pública y eliminar la crítica y la investigación independiente. Con la misma maña con que lograron hacer responsable a Peña Nieto del homicidio de 43 estudiantes por parte de un presidente municipal que formaba parte del movimiento de López Obrador, sus huestes pretenden ahora lograr el control estatal de los medios de comunicación privados.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estableció un catálogo de buenas intenciones y de cumplimiento subjetivo a los que llamó derechos de las audiencias: recibir contenidos, ideas y opiniones diversas y plurales; respetar horarios de programación y avisos parentales; derecho de réplica; que se mantenga la misma calidad de audio y video entre programas y publicidad; prohibición de cualquier tipo de discriminación; respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la igualdad de género. Sin duda, estos principios son loables. El problema radica en darle atribuciones a un organismo burocrático del Estado para que decida por sí y ante sí, quién cumple, quién no, si se debe imponer alguna sanción o de plano sacar del aire un programa de radio o de televisión a través de la figura fascista de la “suspensión preventiva de transmisiones”.

Adicionalmente a los principios anteriores y bajo presión de individuos que forman parte de la facción política de López Obrador, el Poder Judicial de la Federación pretende revivir dos “derechos de las audiencias” que en realidad son el pretexto para que el gobierno censure y restringa la libertad de expresión en radio y la televisión. Estos son: (i) que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presente, y (ii) que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. Ambas disposiciones son abiertamente censoras. Le explico. Cuando el presidente dice en la Mañanera que Carlos Loret es un sicario, ¿es esto información u opinión? Cuando el Presidente dice que México se fundó hace diez mil años, ¿es información u opinión?, y así me puedo seguir con miles de ejemplos. En un partido de futbol transmitido en vivo la publicidad que se encuentra a pie de cancha ¿puede ser transmitida o hay que cortar el programa para avisar que eso es publicidad? Cuando el comentarista deportivo al narrar un partido de futbol señala que el delantero es malísimo porque no logró meter el gol, ¿es información o es opinión? ¿Cómo lo podemos distinguir en la realidad?

El problema de fondo es que no les interesa distinguir, tan es así que en los medios públicos que fueron cooptados por la 4T, los individuos que pretenden censurar no tienen ni siquiera la decencia de cumplir con lo que pregonan. Nunca antes como en este gobierno el Canal 11, el Canal 22 y demás estaciones propiedad del Estado habían sido utilizadas como vulgares plataformas de propaganda del gobierno en turno. En el Canal 11 hay programas completos que falsean información relacionada con la contrarreforma eléctrica. Los medios del gobierno transmiten la Mañanera íntegra, por lo que es parte de su programación habitual y deberían distinguir qué de lo que dice el presidente es información, qué es opinión y qué es propaganda política. Sobra mencionar que no lo hacen, aun cuando los que han litigado para que sea el gobierno quien decida si se cumple o no con esos supuestos derechos subjetivos son precisamente funcionarios y directivos de los medios del gobierno. El órgano censor sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero, si el Presidente se sale con la suya y elimina a los órganos autónomos, seguramente será la Secretaría de Gobernación la que decida qué se puede decir y qué no, así como si impone o no la abiertamente inconstitucional “suspensión preventiva de transmisiones”. Esto es lo que buscan los empleados del presidente y no otra cosa. Ya controlan los medios públicos y ahora pretenden controlar los medios privados. Si cae la libertad de expresión, caerán todas las demás libertades.

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