Roberto García Requena/ Ovaciones
El 9 de diciembre (en dos semanas) deberá estar ya aprobada y vigente la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones de conformidad con el mandato constitucional. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dice que ya hay una propuesta de ley convergente que se está analizando en el seno del Pacto por México. Sin embargo, es más que evidente que no se cumplirá con el plazo constitucional y que los legisladores violarán el texto del artículo cuarto transitorio que ellos mismos aprobaron.
Como ya habíamos adelantado en este espacio hace tiempo se preveía esta situación. A pesar de que el Congreso conocía esta fecha hace 180 días, la agenda legislativa está congestionada con otros temas de mayor interés para los partidos políticos y sus diputados y senadores. La reforma fiscal ocupó un buen rato de su tiempo. Falta en este periodo la energética, condicionada a la política, y la reforma financiera. Todo esto en menos de un mes se ve muy difícil. Si en medio de esta agitación legislativa se quiere sacar la legislación reglamentaria en telecomunicaciones y en materia de competencia parece casi imposible. El Senador Javier Lozano del PAN bien lo apuntó hace unos días como una fecha irreal desde un principio.
Ya se ha anticipado de los riesgos de no contar con la ley convergente. El Ifetel necesita del marco jurídico para encaminar su actividad regulatoria. Es muy peligroso que el Ifetel, por buenos y bien intencionados que sean sus comisionados, empiece a tomar decisiones sin la ley que las respalde, sobre todo a sabiendas de que sus resoluciones son inatacables en tribunales. Se necesita de dotar de las herramientas al órgano regulador.
Ya vimos la consulta pública que lanzó el Ifetel para definir qué hacer con el must carry y must offer en razón de que no hay ley que especifique estas reglas a pesar de que el texto constitucional es muy claro al respecto. El Ifetel tiene mandatado, también por la Constitución, muchas otras definiciones regulatorias de gran calado para el sector. Sin ley secundaria que lo acompañe, el absurdo sería que el Ifetel empiece a realizar consultas públicas para determinar a los agentes económicos preponderantes; para licitar los canales de televisión abierta; para desagregar la última milla; para la revisión de títulos de concesión; etc.
El problema de esta situación es que se hacen las cosas a medias. Se hace una reforma constitucional pero no se tiene amarrado lo que sigue. Se aprueba la letra grandota pero no se trabaja en la chiquita. Lo peor que puede pasar es que se legisle al vapor sin visión clara de las necesidades reales del sector. A lo que estamos llegando es a un impasse regulatorio que solamente genere más inseguridad jurídica para el sector.
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