Como documentamos en esta columna durante toda la gestión de Mony de Swaan al frente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), al señor le cuesta trabajo distinguir entre su calidad de funcionario público y los negocios personales. Tan es así que el lunes la periodista Alicia Salgado reveló que detrás del consorcio que pretende construir y operar la red paraestatal que monopoliza la banda de 700 MHz se encuentran Mony de Swaan y Juan Ludlow.
Esto es muy grave y el conflicto de interés es evidente, ya que siendo ambos funcionarios de Cofetel, contrataron a McKinsey para que elaborara el plan de negocios de esta red por la módica suma de 10 millones de dólares. Después, con este documento bajo el brazo convencieron, a través de Juan Molinar Horcasitas, al Consejo Rector del Pacto por México para que este proyecto se incorporara a la Constitución.
Pretenden usar el trabajo de McKinsey, pagado con nuestros impuestos, para hacer un multimillonario negocio con los bienes de la Nación. Los conservadores valúan esta red en 10,000 millones de dólares. No sólo eso. Además, para que el negocito sea rentable, han hecho todos sus esfuerzos (a través de su socio incrustado en el regulador) para que el Estado regale al consorcio la banda de 700 MHz, que en todo el mundo es la más valiosa porque requiere mucho menos infraestructura que todas las demás.
El documento de McKinsey es muy claro al señalar que esta red sólo es viable si opera en zonas rentables y además es subsidiada por el gobierno, así que no nos vengan con el cuento de que van a llevar Internet gratuito a la sierra. Al respecto, la Asociación Mundial GSMA ha indicado que esta red distorsionará la competencia, ya que al estar subsidiada por el gobierno desplazará a los competidores de menor tamaño e inhibirá nuevas inversiones privadas en infraestructura. Este tipo de monopolios estatales subsidiados conducen a peores resultados a largo plazo para los consumidores. ¿Se acuerdan de Telmex cuando era un monopolio estatal?
Aún más, el hecho de que ninguna red compartida con subsidio público se haya instrumentado en ningún lugar del mundo, salvo Ruanda, no es una coincidencia. La evidencia sugiere que el diseño, financiamiento y ejecución de este tipo de redes paraestatales son difíciles y hay un riesgo significativo de fracaso. Aunque la red compartida podría ofrecer cobertura en áreas donde las redes que compiten con fondos privados no estarían dispuestas a expandirse, el enfoque correcto sería considerar cómo los subsidios públicos podrían utilizarse para extender los beneficios de la competencia entre las redes a esas áreas. Esto se puede lograr de muchas formas, incluyendo obligaciones de cobertura u otras formas de subvención, como la adjudicación de contratos para cubrir áreas específicas utilizando fondos públicos. Recordemos que la ley obliga a que esta red compartida sea competitivamente neutra. El problema es que, como advierte McKinsey en su estudio, esta red debe estar subsidiada, de otra manera su plan de negocios no funciona. Seré muy tonto, pero no entiendo qué parte de una red paraestatal subsidiada por el gobierno es competitivamente neutra cuando estos subsidios no están disponibles para los demás operadores. A mí me parece que es una contradicción irresoluble que sólo conducirá al fracaso.
Por cierto, como expliqué antes, De Swaan y Ludlow aún tienen un socio incrustado dentro del órgano que regulará la operación de su consorcio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se trata de Luis Lucatero, jefe de la Unidad de Política Regulatoria. Es seguro que él piensa que no tiene conflicto alguno, lo que no sé es qué opinan los comisionados.
