Javier Orozco
Milenio Diario
Con 18 cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia, las que serán procesadas esta semana en la cámara de origen (Diputados) y posteriormente serán enviados a los congresos de los estados para ser ratificadas o no. Uno de los cambios más relevantes, se dio en materia de transparencia y rendición de cuentas, referente a los mecanismos de control que se adicionaron a los nuevos órganos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones, pues en principio únicamente se les obligaba a presentar anualmente un informe de actividades a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y con las modificaciones del Senado esta obligación de : rendición de cuentas se amplía, pues adicionalmente al informe de actividades -que ya no será anual, sino trimestral-, deberán de presentar, este sí anualmente, un programa de trabajo. También se incluyó la creación de una contraloría interna, para ambos órganos autónomos, cuyo titular será nombrado por la Cámara de Diputados. Con esto se garantiza la independencia de quien llevará a cabo el control de la legalidad en el ejercicio de las facultades -tan extensas- de Ifetel y la comisión de competencia, así como se evitará o se disuadirá el que los nuevos entes autónomos ejerzan sus atribuciones de manera abusiva o excesiva. Recordemos que la autonomía implica una distribución de funciones o competencias a fin de hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado, no da manga ancha para el ejercicio absoluto de las atribuciones, siempre deberá haber mecanismos de control que protejan la legalidad, lo cual también es reforzado con la facultad de remoción de los comisionados de ambos órganos | por parte del Senado. Con estas adecuaciones, los organismos creados no serán el todopoderoso que ni siquiera tenían un mecanismo de vigilancia y rendición de cuentas, lo que rebasaba en mucho a otros entes autónomos que se han creado, como el IFE o la CNDH; el ser autónomo no implica superioridad ni ser sujeto de críticas; al final de cuentas son órganos que deben responder a la sociedad.