Javier Orozco
Milenio Diario
Versiones van y vienen sobre la reforma en telecomunicaciones, el hecho es que el PAN y el PRD tienen secuestrado al gobierno federal y al PRI, de que si no aceptan su planteamiento de reforma del sector no hay apoyo a las reformas energética y fiscal, o peor aún, se acabó el Pacto por México.
Nadie en su sano juicio se opone a una reforma legal en el sector, ni los operadores —quizá el dominante sí—, pero coinciden en que es necesario acabar con la doble ventanilla, solucionar la interconexión, dominancia y tarifas, en fin una revisión objetiva de la ley en la materia.
Resulta que Gustavo Madero, Juan Molinar, Guadalupe Acosta y Jesús Zambrano quieren modificar la Constitución y poner cosas tan ridículas, como el que su iniciativa tenga el trato de preferente, cuando es facultad del Presidente y tiene sus tiempos y formas. O mejor aún, descubrir el hilo negro de que se devuelvan los canales analógicos al Estado una vez que se dé el apagón, cuando desde 2004 quedó asentado en la política de TDT.
Su punto es crear un órgano constitucional autónomo en el sector, lo cual resulta inusitado por tres simples razones: le resta facultades inherentes a un gobierno, en la práctica este tipo de órganos acaban siendo un sitio para repartir posiciones entre los partidos (IFE), y la tendencia internacional nos marca que el órgano en telecomunicaciones depende de los ministerios de comunicaciones o comercio con variantes de que tienen que rendir informe a los parlamentos.
Uno de los riesgos de pretender elevar a rango constitucional al regulador, es que sus decisiones podrían no estar alineadas a las políticas públicas que establezca el Ejecutivo, lo que afectaría el desarrollo económico y social del país, al perderse cualquier tipo de control sobre el eficiente uso y administración de los bienes de la nación.
Un gobierno electo, como en México, es el que fija las políticas públicas, el que guía al país hacia el crecimiento, da seguridad y estabilidad, incentiva la inversión, todo ello basado en la planeación del desarrollo; equivocarse de camino es llevar al país al precipicio.