Acciones colectivas y suspiros políticos

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2020.11.04

Vía El Economista

De acuerdo con el sitio de Internet de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), actualmente se encuentran en trámite 14 acciones colectivas en sentido estricto y trece acciones de grupo. Estas últimas también son acciones colectivas, pero así se les denominaba hasta antes de la Reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor del 30 de agosto de 2011. Dentro de las acciones colectivas vigentes, se encuentran las promovidas contra Nextel y que heredó AT&T (en etapa de ejecución según el sitio de Profeco), y, de acuerdo con noticias recientes, una nueva contra AT&T por supuestos cobros indebidos, y otras contra Interjet, por diferentes causas.

La incapacidad de Profeco para dar resultados en la representación de los consumidores en procedimientos jurisdiccionales se hace evidente, en primer lugar, por el hecho de que aún quedan pendientes de resolverse trece acciones de grupo iniciadas antes del 30 de agosto de 2011. En segundo lugar, se advierte del sitio de Internet de Profeco que Interjet está afiliada al programa Concilianet, no obstante, muchos afectados por la reciente cancelación masiva de vuelos fueron incapaces de usarlo para presentar su queja.

Los que nos dedicamos a representar empresas en acciones colectivas sabemos que el programa Concilianet está desbordado y están dando citas para atención hasta marzo de 2021, razón por la que no pudieron atender las quejas contra Interjet. Esta falta de capacidad operativa se agravó drásticamente por los recortes presupuestales y despidos masivos implementados por la administración del presidente López Obrador. Dada la inoperatividad de los mecanismos de avenencia y conciliación con que contaba Profeco, se ha detectado en esta administración una tendencia por privilegiar el uso de acciones colectivas sin sustento técnico pero muy escandalosas, dado el tamaño y prestigio de las empresas demandadas, con un afán propagandístico que permita al titular de la Procuraduría atraer reflectores y posicionarse junto al presidente López Obrador en las Mañaneras, todo con miras a la próxima candidatura de Morena para contender por la gubernatura de Guanajuato.

Así, lejos de realizar eficazmente su trabajo de conciliación, la Profeco se ha enfocado en el show mediático con intereses políticos y de promoción personal. Un claro ejemplo de ello fue la reciente prohibición de diversos productos denominados “quesos” y “yogurt natural”. El comunicado emitido por la Profeco establece que la prohibición tiene su sustento, entre otras cosas, en que los diversos productos utilizan la leyenda “100% leche” sin serlo. Es decir, no analizan las cualidades nutritivas de los productos sino la supuesta publicidad engañosa, lo que a su vez es un engaño. ¿En qué medida un producto deslactosado es “100% leche”? o un yogurt natural lleno de bacterias benéficas, que no son leche, ¿es “100% leche”?. Además, si esos productos representaran un riesgo para la salud, la autoridad facultada para supervisar y sancionar es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y no la Profeco. Sobra mencionar que no existe estudio alguno de Cofepris relacionado con las afirmaciones de Profeco.

En ese sentido, gran parte de las distorsiones existentes en los mercados mexicanos son generadas por el propio gobierno y sus funcionarios, que generan limitaciones para la inversión mediante la imposición de restricciones arbitrarias a la libre competencia. De ninguna manera estoy diciendo que no se protejan los derechos de los consumidores, mi punto es que la mejor manera de hacerlo es cumpliendo cabalmente la ley y con el suficiente sustento técnico, sin usar las instituciones del estado como trampolín político.

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