2021.09.23
Nicolás Lucas vía El Economista
AT&T y Telcel son las dos únicas empresas que lograron acreditar todos los requisitos técnicos y financieros para presentar ofertas por alguno de los 41 lotes de espectro que el IFT puso en concurso para reforzar redes de cobertura 4G-LTE.
AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. (AT&T) y Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) son las dos únicas empresas que lograron acreditar todos los requisitos técnicos y financieros para presentar ofertas por alguno de los 41 lotes de espectro radioeléctrico que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puso en concurso a través del proceso de licitación IFT-10 para reforzar redes de cobertura 4G-LTE con esas frecuencias.
Las frecuencias en concurso son calificadas en la industria como “pedacería espectral”, porque algunas son “remanentes” de procesos licitatorios anteriores y otras, porque son señales que la autoridad pudo recuperar de aquellos concesionarios que nunca pudieron explotarlas.
El IFT aprobó el 8 de septiembre pasado que se entregara una constancia de participación a AT&T y otra a Telcel para que esas compañías puedan competir por uno o más lotes de frecuencias locales, regionales o nacionales que sean de su interés en cuatro bandas radioeléctricas: en los 800 MHz, en los 1.7/2.1 GHz (AWS), en 1.9 GHz (PCS) y en los 2.5 GHz.
Con la entrega de la constancia de participación, las dos compañías ahora tendrían que presentar ofertas económicas a partir del 27 de septiembre por el o los lotes que les haga sentido comprar para mejorar la calidad y coberturas de sus redes, y 20 días hábiles después, la autoridad emitirá el fallo oficial respecto a qué operador pudo comprar qué tipo de frecuencia. En el mejor de los escenarios, los ganadores estarían explotando las frecuencias recién comenzado el año 2022.
Con esta licitación de 41 bloques de espectro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presenta una alternativa para que los operadores compren señales por 20 años y con las que puedan mejorar la prestación de los servicios de telefonía e Internet móviles en todo el país.
La licitación IFT-10 también tiene el objetivo de ampliar la cobertura hacia nuevas localidades del país, ubicadas principalmente en el sureste y para que más mexicanos tengan conectividad, así como aumentar la calidad de estos servicios en las áreas ya cubiertas.
A detalle, el IFT concursa ahora mismo 38 bloques en la banda de 800 MHz, divididos entre un gran bloque regional ubicado sobre los estados del norte de México y otros 37 bloques repartidos entre estados y municipios del resto del país, aquí a través de las llamadas Áreas Básicas de Servicio (ABS) que se crearon en tiempos de la extinta Cofetel.
Después se encuentran los bloques nacionales, de 10 MHz cada uno, en las bandas de PCS y AWS; y posteriormente, diversos segmentos de 60 MHz que pertenecen a la banda de los 2.5 Gigahercios que cubren áreas geográficas más definidas en alrededor de 23 estados de la República.
El IFT ha platicado que para impulsar la conectividad en localidades que todavía no cuentan con servicios móviles, se establecieron entonces obligaciones de cobertura para los bloques que corresponden a las bandas AWS, PCS, 2.5 GHz y en la mayoría de los bloques de la banda de 800 MHz ubicados en las regiones celulares 5 a 9, esto conforme México ha quedado dividido en materia de telecomunicaciones.
Las obligaciones consideran las características técnicas y económicas de cada bloque y, en el caso de las bandas AWS y PCS que cuentan con cobertura nacional, se han establecido obligaciones específicas para los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz que son los que presentan mayores necesidades de cobertura y se consideran prioritarias por sus condiciones socioeconómicas.
Dichas obligaciones de cobertura deberán cumplirse por el concesionario ganador del espectro dentro de los dos años siguientes a la entrega del título de concesión correspondiente.
En el proceso licitatorio IFT-10 también hubo interés de actores regionales por concursar por bandas, pero las obligaciones de pagos de derechos por la explotación anual de frecuencias significan abultados gastos para esas compañías, que por su volumen de operación no pueden sufragar y de allí que hayan decido no participar en el proceso.
