Hace dos años que se dio vida a la Reforma en Telecomunicaciones, el objetivo principal de la misma era que más mexicanos accedieran a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en mejores términos de precio y calidad, generando condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios.
Y por la entrada de AT&T de Thaddeus Arroyo la baja inicial observada en precios de servicios de telefonía, mayor penetración móvil, mayor penetración de televisión de paga, pareciera que vamos por el buen camino. Más si considera sendos informes del IFT, que preside Gabriel Contreras, y los que hemos conocido de la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza.
Sin embargo, dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver y por ello me valgo de un estudio recientemente dado a conocer por la Universidad Cornell e INSEAD, denominado “The Global Information Tecnologhy Report”, en el cual se puede leer que la reforma no ha cumplido con su cometido.
Para facilitarle la búsqueda, lo encuentra en el link:http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/eco…
Lo recomiendo con sana intención de autocrítica para reguladores y hacedores de política pública, porque luego se curan en agua bendita con aquello de que abren consultas públicas que sirven de catarsis para los participantes de un mercado donde la preponderancia sigue siendo obvia y acaban generando una verdadera frustración del inversionista viejo o nuevo.
En el reporte se expone que México ha avanzado en capacidades, acceso, uso gubernamental y privado, pero la regulación y la aplicación de la ley en materia de telecomunicaciones son dos indicadores que obstaculizan el desarrollo social y económico de nuestro país.
Asimismo, señala que entre 2014 y 2015 “México ha mostrado un rezago en los impactos sociales en telecomunicaciones debido a la regulación y legalidad en el sistema”, lo “que se traduce en un fuerte golpe a la transparencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades regulatorias”, pues mientras dicen que han cumplido con todo lo dispuesto en la ley, no lo hacen con su función primaria de “garantizar un campo parejo en materia jurídica para los diferentes actores del sector y así contribuir a un desarrollo en materia de políticas públicas acorde a un sector competitivo y un país globalizado”.
El reporte hace énfasis en la calidad regulatoria de las telecomunicaciones en 139 países, y México ha caído en el ranking internacional de la posición número 69 en 2015 (cuando se consideró que la reforma legal era vanguardia) a la número 76 en 2016 (cuando se observa cómo es interpretada y aplicada la reforma por el Instituto Regulador).
Pero se es el ranking general. Le detallo que en lo que salimos peor calificados, afectando nuestro promedio global, es justo en el marco regulatorio y su ejecución:
Se percibe que el entorno regulatorio se ha deteriorado en varios frentes: independencia judicial (#100), la eficiencia del sistema legal para resolver disputas (posición 104), eficiencia de los cuerpos legislativos y regulatorios (#101) y eficiencia de la legislación para recurrir a las decisiones regulatorias (#102).
También, el reporte señala la relevancia de aplicar soluciones tecnológicas de manera eficiente para prevenir ciberataques, problemas de privacidad y los efectos que polarizan los mercados laborales, dado que a pesar de los esfuerzos de la reforma, el avance en estas materias es débil.
Surgen muchas dudas a partir de estas conclusiones, ¿se hizo mal la reforma?, ¿los esquemas de regulación son los adecuados para tener un piso parejo para todos los jugadores?, ¿puede haber un verdadero sector competitivo dentro de un marco regulatorio que no es eficiente?, ¿la reforma a qué otros sectores productivos debe beneficiar (salud, seguridad, alimentación)?, ¿esto cómo impacta el bolsillo y el alcance de los servicios a los que tienen acceso los consumidores?
Son dudas que como país debemos resolver porque algo no está funcionando como debería, los resultados de este estudio así lo dejan ver y el Ifetel tiene un gran reto por delante para evitar que México siga descendiendo en esa parte que hace obvio por qué seguimos en el rezago. #Respetuosamente para la Consejería Jurídica también vale el endoso.
DE FONDOS A FONDO
#AguaPotableCDMX. Y como para muestra un botón. Apenas hace unas semanas se reunieron el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y la revisión de los programas de infraestructura hidráulica permitió que se integrara un fuerte paquete en Banobras, que dirige Abraham Zamora, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), cuyo delegado fiduciario es Francisco González Ortiz Mena.
Fíjese que ayer, en un desayuno efectuado en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que preside Fernando Gutiérrez Ochoa, y al que fue invitado Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad (Sacmex) les comentó que el Consejo Técnico del Fonadin aprobó tres proyectos de infraestructura hidráulica: telemetría y control remoto de instalaciones, potabilizadoras, y rescate de agua y eliminación de fugas, cuya inversión total supera los 8,622 millones de pesos. Para ello se construirán 22 plantas nuevas y la rehabilitación de otras siete que tienen por objetivo recuperar al menos la mitad de los 12 mil litros que se pierden en las redes por fugas y lograr que la Ciudad se ubique dentro del estándar medio internacional con mermas de 20% y de agua no contabilizada en un rango de 25%.
Y en relación con la telemetría y monitoreo a control remoto de 1,174 instalaciones, entre ellas 320 pozos, 16 manantiales, 78 pluviómetros y 17 presas, así como la construcción de 22 plantas potabilizadoras, permitirán anticipar problemas, pero en particular, dejar de presionar al Sistema Cutzamala como hasta ahora ocurre. Mire, en el recorte de recursos federales correspondientes a la CDMX anunciado por Videgaray el mes pasado, estaban fondos aparentemente dirigidos al sistema de aguas de la CDMX, pero en lugar de gasto corriente, hoy el gasto es de inversión, monitoreado y bien dirigido.
