vía Crónica.
Eliminar la contaminación visual de la CDMX, mejorar su imagen, la seguridad de los habitantes y cobrar impuestos, son buenas ideas.., claro; siempre y cuando se instrumenten adecuadamente y en coordinación con todos los interesados.
Desde hace dos años, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, planteó al Congreso local la necesidad de soterrar los cables a través de los cuales recibimos la energía eléctrica, los servicios telefónicos, la televisión de paga y otros. Para ello envió al Congreso local la iniciativa de la Ley de Soterramiento (LS), la cual ha generado inquietud en el sector de las telecomunicaciones y, mucho me temo, en un futuro próximo también lo provocará entre los usuarios y los consumidores.
Hacer que las líneas corran de manera subterránea no es enchílame la otra… De aprobarse la LS, supondría para los concesionarios una enorme inversión en infraestructura para cumplir con dicha norma. Estamos hablando, bajita la mano, de 46 mil millones de pesos, equivalentes a todo el presupuesto que el gobierno de la CDMX ha entregado a las 16 alcaldías capitalinas en 2022.
Le explico de dónde sale la abultada cifra:
A la fecha, la CDMX cuenta con 14 mil kilómetros de vías primarias, secundarias y caminos restringidos -algo así como la distancia de aquí hasta el Polo sur…- y soterrar cada kilómetro tiene un costo aproximado de 3.3 millones de pesos… Saque usted la cuenta.., si tiene un tiempito…
Aparte -y muy importante a considerar-, los concesionarios tendrían que pagar un impuesto por el uso del subsuelo por donde pasen los cables de sus servicios.
“Pasar de la infraestructura aérea actual a infraestructura soterrada”, me informa el Instituto de Derecho en Telecomunicaciones (IDT), multiplicaría los costos de los operadores por un factor de 10, aproximadamente.” Lógicamente, los concesionarios de telefonía, internet y TV de paga se verían obligados a subir el costo de sus servicios y aquí es donde viene el segundo problema: el riesgo de desconexión de muchísimos hogares y pequeños negocios.
Mire, diputado Zamorano, no en balde la Constitución establece que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general. A’i le voy con los datos respectivos:
“La infraestructura de postes y cableado de la CDMX en la que descansa la infraestructura aérea que permite el fluido eléctrico y de telecomunicaciones, habilita que, de todas las viviendas capitalinas, 70 por ciento cuente con telefonía fija; 80 por ciento disponga de internet; 47 por ciento tenga servicios de televisión restringida y 35 algún servicio de streaming.”
Es decir, hablamos de millones de usuarios afectados, enmedio de una crisis económica de la que no nos hemos repuesto y una inflación que presiona como nunca a la economía familiar. Del freno a la implementación de la 5G, pues ya ni le platico…
La LS tiene otro ángulo complicado:
Si bien las autoridades locales son competentes para regular el desarrollo urbano, lo cierto es que no tienen facultad para legislar sobre las vías generales de comunicación y los derechos de vías sobre las que está instalada la infraestructura de telecomunicaciones. Estas dos últimas materias, como usted sabe, son de competencia federal.
En síntesis, me comenta el IDT: “Cualquier ley estatal que busque establecer obligaciones para desplegar infraestructura de manera subterránea, al igual que cobros o contribuciones periódicas por el uso del subsuelo, tendría claros vicios de inconstitucionalidad.” Así que tan pronto el Congreso de la CDMX aprobara la LS, imagino que lloverían tormentas de amparos…
No entiendo por qué a la 4T le gusta conflictuar de antemano las cosas, en vez de buscar el diálogo con los interesados y que, entre todos, le encuentren la cuadratura al círculo.
Como están las cosas y atendiendo a sus funciones, es deseable que el Instituto Federal de Telecomunicaciones entre al quite, para ayudar al Gobierno y al Congreso de la CDMX a analizar los impactos tecnológicos, económicos y de conectividad que la Ley de Soterramiento implica.
POSTDATA DESDE AYOTZINAPA
Ahora resulta que algunos -sólo algunos- de los mensajes de WhatsApp que la Comisión de la Verdad con Justicia presentó como evidencia en su informe sobre el caso Ayotzinapa, fueron rechazados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).
Al tratarse de imágenes (capturas de pantalla), no se dispone de los metadatos que este tipo de mensajes suelen contener; permítame la analogía: las imágenes carecen de “huellas digitales”. A ello habría que agregar algunas inconsistencias tecnológicas y cronológicas.
No se ha hecho pública la fuente que proporcionó a la Comisión las capturas de pantalla inválidas; lo que sí cabe resaltar es que los mensajes de WhatsApp proporcionados por la DEA, están verificados.
Hasta donde se alcanza a ver, los militares detenidos permanecerán presos, pues se les imputan varios cargos que no necesariamente se basan en las capturas de pantalla. Lo que es un hecho es que la verdadera verdad-verdad tardará en conocerse, sobre todo a raíz del cambio de fiscal especial asignado al caso.
A ver cómo sale de este embrollo la 4T…
Colaboró: Upa Ruiz [email protected]
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