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Información pública transparente para evaluar las reformas estructurales

Se aprobaron 11 reformas estructurales que implicaron 58 modificaciones a la Constitución, 81 modificaciones o creaciones de leyes secundarias.

2018-01-30

Al inicio de la actual administración se construyó una agenda política, económica y social con un amplio respaldo de los partidos políticos representados en el Congreso, que permitió aprobar un amplio paquete de reformas legislativas en materia de telecomunicaciones, educación, energía, electoral, fiscal, financiera, seguridad, sistema penal acusatorio, transparencia y combate a la corrupción, cuyos propósitos son culminar la transición democrática del país e impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos, buscando disminuir la pobreza y la desigualdad social. En total, se aprobaron 11 reformas estructurales que implicaron 58 modificaciones a la Constitución, 81 modificaciones o creaciones de leyes secundarias.

Aunque para algunos, las reformas constitucionales en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción tienen una importancia menor, es necesario reconocer que la construcción y fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre los órganos autónomos garantistas de la transparencia, la protección de datos personales, en el sistema Nacional de Transparencia, así como de aquellas instituciones responsables en el Sistema Nacional Anticorrupción, serán cruciales para reducir los espacios a los actos de corrupción y al uso indebido de los recursos públicos.

Además, la transparencia y calidad de la información que se publique de manera regular por parte de los sujetos obligados sean federales, estatales o municipales, permitirá evaluar los resultados de las políticas públicas. Por ello, la oferta de información, de calidad, se convierte en una herramienta estratégica no solo para los académicos, centros de investigación y organizaciones de la sociedad, sino también para que los ciudadanos ejerzan sus derechos a plenitud.

Prueba de ello, con datos públicos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía es posible evaluar algunos resultados de las reformas estructurales. Por ejemplo, de la reforma laboral, que fue la primera en aprobarse y cuyo propósito era flexibilizar el mercado de trabajo, a pesar de la creación de 3 millones de empleos durante este sexenio, el porcentaje de asalariados con más de 5 salarios mínimos se redujo a 6.7% al tercer trimestre de 2017, cuando en 2006 fue de 15.4%. En cambio, una de cada tres personas percibe ingresos de hasta 2 salarios mínimos.

Por lo que se refiere a la reforma hacendaria, se incrementaron las tasas del impuesto sobre la renta a las empresas y las personas, así como la del impuesto al valor agregado. Además, generó un cambio en el impuesto especial a la producción y servicios de las gasolinas estableciendo un cobro de cuota fija por litro, que devino en un efecto inflacionario. Con datos públicos de índices de inflación del mismo INEGI, en diciembre de 2012, la inflación anualizada fue de 3.6% y el incremento de energéticos fue de 3.8%. mientras que, al mes de diciembre de 2017, la inflación anualizada fue de 6.8% y el incremento de los energéticos fue del 8.4%.

La reforma energética fue un cambio de paradigma en la Constitución en más de 60 años, pues permitió la asignación de contratos a privados para la exploración y producción petrolera en bloques asignados mediante subastas públicas. Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), esta reforma atraería inversiones por 70 mil millones de dólares y permitiría ampliar la producción y la reducción del costo de los energéticos.

Con datos públicos de PEMEX, en 2017 la producción petrolera fue de 1 millón 955 mil barriles diarios, cuando en el año 2012 se produjeron en promedio 2 millones 548 mil barriles diarios, esto es una caída en la producción de 30%. Entre 2014 y 2017, las nuevas inversiones extranjeras directas rondan los 40 mil millones de dólares y no corresponden en la totalidad a las inversiones registradas en el sector energético. Por el contrario, han existido subastas de bloques en que se declararon desiertos o, aunque haya existido un consorcio ganador, éste opto por no celebrar contrato y prefirió pagar una multa al Estado.

La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue propuesta por el gobierno federal con el propósito de fomentar la competencia y reducir los precios de los servicios. Una de las promesas es que habría más tecnología al alcance de todos. No obstante, con información publicada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el caso de telefonía móvil, el nivel de penetración continúa en 90 líneas por cada 100 adultos, muy similar al año 2014, además que el esquema de prepago sigue siendo el preponderante con 93 millones de líneas de las 111.6 millones de líneas que operan al primer semestre de 2017. La telefonía sigue siendo un mercado muy concentrado en 3 operadores que controlan el 98.8%.

No obstante, todo el catálogo de reformas en sectores económicos estratégicos para las actividades económicas y a pesar que el gobierno federal tuvo una mayor disponibilidad de recursos públicos a partir de la reforma fiscal, el crecimiento de la economía mexicana durante la presente administración promediará un 2% anual, de acuerdo con datos públicos de la SHCP.

Si bien, todavía es un periodo relativamente corto de evaluación, lo cierto es que todos podemos acceder a la información pública de nuestro interés y contamos con la posibilidad de solicitarla a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o el Tel-INAI, permitiéndonos a los ciudadanos allegarnos de elementos de evaluación y en su caso, obligar a las instituciones a rendir mejores cuentas, de tal modo que la vigilancia ciudadana sea el mecanismo más eficiente para combatir la corrupción y evitar que se haga mal uso de los recursos públicos.

Es un año electoral, lleno de retos y grandes desafíos, esperamos más demanda de información por parte de la sociedad y garantizar este derecho, es la forma que tiene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para contribuir a la democracia y al Estado de derecho, un desafío por venir es construir una democracia vigorosa con la participación crítica de una sociedad cada vez mejor informada.

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