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IFT, el riesgo de la vacancia

IFT, el riesgo de la vacancia

2022.03.10

Vía El Economista

Con un pleno incompleto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inicia un nuevo capítulo, en el que de entrada no podrá tomar decisiones en materia de competencia económica.

El IFT está padeciendo la vacancia. Es decir opera sin que hayan sido designados tres de los siete comisionados con los que debería funcionar.

La Constitución dispone que la junta de gobierno del órgano regulador esté integrada por siete comisionados incluido el comisionado presidente y a la fecha, solo opera con cuatro porque el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no ha hecho las designaciones correspondientes.

En materia de competencia económica, específicamente en telecomunicaciones le toca resolver al IFT, pero para hacerlo la ley prevé que debe contar con al menos cinco de los comisionados.

Obligados por las circunstancias y de manera pragmática, el pleno del IFT, integrado todavía con el ahora ex presidente Adolfo Cuevas, decidió modificar los estatutos del órgano para que en lugar de cuatro cuenten tres para hacer el quórum y llevar adelante una parte de sus resoluciones.

Ayer se celebró la primera sesión ordinaria del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya con Javier Juárez Mojica como presidente interino. La agenda venía estaba muy cargada y se revisaron muchos temas.El presidente interino identifica el impulso a la red 5G; la banda de 6 gigahertz, que es un tema no sólo en México, sino a nivel mundial; disposiciones en materia satelital y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura.

Uno que era urgente por los tiempos límite es el de la licitación IFT-8, que es la licitación de estaciones de radio más grande que se ha realizado en el país con 300 estaciones de radio FM y AM.

Se trata de la licitación pública para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 234 frecuencias en el segmento de 88 a 106 MHz de la banda de Frecuencia Modulada y de 85 frecuencias en el segmento de 535 a 1605 kHz de la banda de Amplitud Modulada para la prestación del Servicio Público de Radiodifusión Sonora.

Las fechas para emitir las constancias de participación se vencían precisamente ayer 9 de marzo.

Otro tema de relevancia fundamental es la discusión en el pleno para decidir si se presenta o no una controversia constitucional para que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, designe conforme lo mandata la Constitución, a los tres comisionados que faltan para que esté completa la junta del órgano regulador de las telecomunicaciones.

La ley prevé que el presidente en funciones puede presentar una controversia constitucional, previa discusión con el resto de los comisionados.

Obviamente por ser un tema tan delicado, los cuatro comisionados, incluido el comisionado presidente, tendrán que revisar todas las alternativas.

Lo que sí tienen claro los comisionados del IFT es que la operación con sólo cuatro de los siete comisionados limita el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que tiene encomendadas el órgano autónomo.

El antecedente para el IFT es que otro órgano regulador, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), hoy presidido por Brenda Hernández, presentó en diciembre del año pasado una controversia constitucional para exigir al jefe del Ejecutivo la designación de los comisionados.

A la fecha opera con cuatro de los siete comisionados y el pasado primero de febrero, precisamente por la falta del quórum indispensable (al menos cinco de los siete) decidió suspender el plazo para emitir resolución sobre barreras a la competencia en el sistema de pagos con tarjeta.

La Ley Federal de Competencia Económica establece que las atribuciones para resolver este tipo de procedimientos sólo podrán ser ejercidas por el Pleno con el voto afirmativo de al menos cinco Comisionados. Hoy el Pleno opera solo con cuatro de los siete integrantes que establece la Constitución.

Veremos si los cuatro integrantes del pleno del IFT coinciden en que la ruta a seguir es la misma que emprendió la Cofece y si presentan una controversia constitucional.

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