Carlos Elizondo Mayer | Excélsior | 28 de Octubre de 2015.
Nuestra Constitución obliga a muchas políticas absurdas. Ahora, como resultado de las reformas del 2013, el Estado debe garantizar la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones, aprovechando “al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (… y) los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad…”. Esta red “prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones”. Se pensó que ésta era una de las herramientas para limitar el poder de América Móvil.
El otro instrumento fue la figura de preponderancia. Ésta implica una rigurosa regulación para quien ostente más del 50% de la participación del mercado e incluye compartir, sin costo con las otras empresas del sector, una parte de su infraestructura. Para tratar de evitarlo, el día de la aprobación de las leyes secundarias la empresa América Móvil anunció que vendería parte de su infraestructura. Al ingeniero Slim nunca le ha gustado regalar nada. Para no compartir su red tiene que quedar debajo del límite de 50% del mercado.
La preponderancia y el nuevo marco regulatorio han sido eficaces. Los precios de la telefonía celular han bajado. Dada esta nueva regulación, la telefónica AT&T, socia por décadas de América Móvil, decidió vender su participación en esta empresa y comprar Nextel y Iusacell, con lo cual habrá en México un competidor con voluntad, experiencia y recursos.
Ha sido tan eficaz la Reforma que ya no tiene sentido desplegar la red pública compartida que mandata la Constitución. Nunca fue siquiera evidente que esa red pudiera realmente funcionar. Hay pocos países que han seguido esa estrategia y no han tenido los resultados esperados. La buena noticia es que ya no es necesario desplegar esa red en México.
Utilizar la banda que se libera con el apagón analógico, para una red pública que provea servicios a mayoristas cuya demanda se desconoce, es un gran desperdicio de recursos de los mexicanos. Como no se está subastando la banda que se liberará, van a ingresar menos pesos al erario de lo que se podrían obtener. El espectro es un recurso escaso. Subutilizarlo afectará la competitividad del país y el bienestar del propio consumidor. Esta red, si replica la de Telcel y la que piensa desplegar AT&T, terminará siendo un gasto innecesario.
La estrategia ya ha sido onerosa. Para hacer posible el apagón analógico, se decidió dar televisiones digitales a la población que no las tenía. Ha costado unos 24 mil millones de pesos, el doble de lo que hubiera costado repartir codificadores digitales. No se ha logrado plenamente el objetivo de cobertura digital, tanto por retrasos del programa, como porque más de uno de los beneficiados empeñó su televisión recién recibida.
El costo mayor de una reforma compleja e incierta ha sido una baja inversión en nueva infraestructura. Como cada vez hay más teléfonos inteligentes que usan la infraestructura existente, es más frecuente que se corten las llamadas en los celulares y baje más lento el servicio de internet.
América Móvil no tiene incentivos para invertir. No quiere tener más de 50% del mercado. El resto de las empresas, al no saber cómo se va a usar esa red pública compartida, están a la espera antes de tomar decisiones de inversión más ambiciosas.
La Constitución no fue dictada por los dioses. Se puede cambiar. Sin embargo, hay que hacerlo en los errores de fondo, como el modelo de red pública compartida. No en modificar la fecha de entrada del apagón analógico. Hay que sancionar a los responsables de no tener a tiempo la cobertura esperada de televisiones digitales y presionarlos para que avancen a marchas forzadas para lograrlo. Cambiar la Constitución atrasaría la competencia en TV abierta y sería una pésima señal para los inversionistas que han creído en las reformas.
Hay que quitar cuanto antes esa obligación de red pública compartida. Durante años la Constitución garantizó el monopolio de Pemex, con altos costos en términos de producción alcanzada con la inversión que se hizo y grandes pérdidas en las actividades de transformación industrial de Pemex. Se puede minimizar el costo de esta red pública si se concentra sólo en las zonas donde realmente no hay acceso a la banda ancha.
El gobierno va atrasado dos años en el despliegue de esta red. Hace unas semanas se publicaron las prebases para la licitación de esta red compartida y según una experta en la materia, Clara Luz Álvarez, “estos criterios vinieron a confirmar lo que se especulaba: nadie sabe qué hacer…”. Se está proponiendo crear una gran estructura burocrática y malbaratar una parte del espectro para proveer un servicio que no se necesita. Como si no tuviera el gobierno otras cosas que hacer y verdaderas prioridades que atender.
