La autonomía que propone la reforma de telecomunicaciones para el Ifetel es contraria a las mejores prácticas internacionales. Este nuevo organismo y el que sugiere para regular la competencia económica serían entidades exentas de toda forma de rendición de cuentas, señaló ayer Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), en los foros públicos organizados por las comisiones del Senado de la República que dictaminarán la iniciativa de reforma.
Ante los representantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos, de Comunicaciones y Transportes, y de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Gerardo Soria hizo los siguientes señalamientos:
– La autonomía propuesta para el Ifetel es opuesta a las prácticas internacionales, pues en otros países ni las telecomunicaciones ni la radiodifusión se regulan por organismos constitucionales autónomos.
– Al no existir precedentes judiciales nacionales o internacionales respecto al modelo de autonomía para regular al sector de telecomunicaciones, el riesgo para los inversores incrementa y éstos podrían trasladar el costo correspondiente a los usuarios finales.
– El proyecto de reforma exenta al Ifetel y a la Comisión Federal de Competencia Económica de cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas aplicables al resto de las autoridades. Únicamente establece que deben rendir un informe anual.
– La denegación de justicia que implica eliminar recursos durante los procesos y la negativa arbitraria a la suspensión en el amparo afecta a todas las ramas de la actividad económica y no sólo a las telecomunicaciones y la radiodifusión.
El IDET también considera preocupante que el procedimiento de evaluación y selección de los integrantes de los órganos reguladores propuestos descarte, por su diseño, a quienes pueden acreditar experiencia práctica en el sector.
Para fortalecer la propuesta de reforma, Gerardo Soria hizo recomendaciones tales como establecer con claridad quién tendrá facultades en materia de política internacional, así como evaluar que al considerar a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos se permite la reversión de bienes a favor del Estado, lo cual significa un gran desincentivo para la inversión.
El IDET confía en que las comisiones encargadas de analizar y dictaminar la minuta de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, tomarán en cuenta las recomendaciones de los expertos que acudan a estos foros y las mejores prácticas internacionales para impulsar la competencia en este sector tan relevante para el país, siempre priorizando el beneficio de los mexicanos.