Gerardo Soria | El Economista | 11 de Noviembre 2015
Mañana tendré el honor de participar en la 4th Mexico Internet of Things & Telecom Summit organizada por BNamericas, en el pánel de discusión “Estrategias para cerrar la brecha digital”. El pánel, que será moderado por Patrick Nixon, contará con la valiosa presencia de Lina Ornelas, jefa de políticas públicas y relaciones con gobierno para México, Centroamérica y el Caribe de Google; Eduardo Ruiz Esparza, vicepresidente nacional de telecomunicaciones de la Canieti; Jorge Fernando Negrete, director general de Mediatelecom, y Enrique Melrose, profesor del Departamento Académico de Sistemas Digitales del ITAM.
La calidad de mis colegas, la carencia de una política pública clara y lo polarizada que está la opinión en el sector hacen prever un debate interesante. Aprovecho el espacio para adelantar algunas ideas sobre las que profundizaré mañana.
Política pública para cerrar la brecha digital no la hay y no la ha habido nunca. Desde 1996, en que la industria de las telecomunicaciones se abrió a la competencia, México ha ido dando tumbos sin un plan maestro que guiara su acción, siempre al capricho del secretario de Comunicaciones y Transportes en turno y al capricho del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de las estupideces que las cúpulas de los partidos políticos pusieron en los artículos transitorios de la Constitución.
Nuestro país nunca ha adoptado plenamente un régimen de libre mercado en telecomunicaciones. Simulamos que lo tenemos, pero en realidad sigue siendo una economía centralmente planificada para ayudar a unos y perjudicar a otros. Es verdaderamente absurdo pretender que Telmex compita en condiciones de libre mercado y se le impongan obligaciones asimétricas como agente preponderante y no se le quiten todas las obligaciones de servicio universal que tiene en su título de concesión. El servicio universal es una obligación del Estado.
Más absurdo es pretender que este agente preponderante, que está obligado a permitir el uso de sus torres a la red compartida mayorista a costo incremental promedio de largo plazo, además le compre capacidad a precio de oro para subsidiar la construcción de la red compartida, con la que nuevos entrantes que no han puesto ni un fierro le podrán competir. Así es que pueden ir descartando a Telcel como cliente de la red compartida.
Telefónica y AT&T quieren arrendar el espectro en la banda de 700 MHz, no comprarle capacidad. Si arriendan el espectro, entonces no necesitan infraestructura alguna, ya tienen la suya, por lo que el precio debe ser sustancialmente más barato. De ser así, ¿con qué dinero se va a construir la infraestructura que se requiere? Y una vez construida, ¿quién la va a usar?
En un escenario lejano pero probable, la pueden usar los MVNO a los que Telcel les podría vender clientes para tratar de dejar de ser preponderante, pero esos clientes no están en las zonas rurales que supuestamente van a ser atendidas por el elefante blanco que va a ser la red compartida, así es que después de tanto brinco, quizá haya mayor competencia y mejoren los precios en las zonas rentables que ya son atendidas, pero no se va cerrar la brecha digital.
En medio de este esquizofrénico lenguaje entre una economía de libre mercado y un estado interventor, cabe una solución acorde con la práctica internacional y que nada tiene que ver con las ocurrencias de un burócrata megalómano y corrupto: (i) licitar la banda de 700 MHz a los operadores privados y que el Estado recaude su justo valor de marcado; (ii) quitar a Telmex todas sus obligaciones de servicio universal; (iii) etiquetar el IEPS en telecomunicaciones para crear un fondo de servicio universal, y (iv) que la SCT licite el servicio de banda ancha en zonas rurales y asigne los contratos al operador que ofrezca el menor precio. En mi opinión, sólo así se puede cerrar la brecha digital.
