Federico González Luna Bueno
El Financiero
Después de varias semanas de predominar en los medios de comunicación, el asunto del rescate de la banda de 2.5 GHz debiera pasar a una etapa más objetiva y seria en la que importen menos los dimes y diretes y más las razones de fondo.
El asunto lo podemos analizar bajo dos ámbitos independientes: uno político y otro técnico. El primero es el que ha prevalecido recientemente en los medios de comunicación y, como casi siempre ocurre, hemos visto versiones encontradas, acusaciones, descalificaciones personales, afirmaciones categóricas, mentiras evidentes, manipulaciones, y hasta la intervención oportunista de algunos partidos políticos.
El presidente de Grupo MVS, principal concesionario de la banda de 2.5 GHz y quien al mismo tiempo es el principal afectado por la no prórroga de algunas concesiones o el inicio del procedimiento de rescate del resto de ellas, insiste en que se trata de un tema de presión (o represión) sobre la libertad de expresión de una estación de radio concesionada al propio Grupo. El gobierno federal, por su parte, también insiste en que nada tuvieron que ver cuestiones editoriales en el sentido de la decisión y que toda ella obedece a razones técnicas y económicas.
Si bien es casi seguro que la recuperación de la banda 2.5 GHz en cualquier escenario hubiera estado sujeta a su politización, que es también una forma de defensa por parte del concesionario de la banda, no puede dejar de observarse y criticarse el desliz cometido por el gobierno federal al haberse permitido cualquier tipo de negociación o argumentación no técnica fuera del ámbito y de la mesa de negociación de la SCT.
En fin, el enfoque político del caso es, como casi siempre sucede en ese ámbito, complejo, borroso, confuso, enfrentado y oportunista.
Lo bueno de lo político es que por lo general pasa rápido. La ausencia casi siempre de elementos de fondo y tantas especulaciones acaban por agotar los temas (lo que da entrada fácil al siguiente, cualquiera que éste sea). Lo que perdura en casos como el que nos ocupa es lo técnico, es decir, las razones que fundamentan y motivan el acto de autoridad; las razones de ingeniería, legales y de uso eficiente del espectro.
Es evidente que la decisión de la SCT no fue un disparate ni una ocurrencia, si juzgamos otras experiencias internacionales recientes de países serios en el manejo de sus telecomunicaciones; el uso potencial de la banda para servicios 4G, y el valor económico que la misma ha alcanzado en otras licitaciones extranjeras. Sin embargo, está por verse si las razones fueron las adecuadas en cada caso particular, si la medida fue proporcional, equitativa y apegada a derecho. Se da ahora, también, la oportunidad de escuchar a todos los concesionarios, lo que subsana el error de sólo haber escuchado a uno de ellos.
Por eso decimos que viene la mejor parte, en la que se revisará la decisión bajo raseros legales, técnicos y económicos y, quizá lo más importante, quitando todos los elementos subjetivos y de historia personal, que en nada ayudan a entender el problema. Viene lo bueno porque vienen los mejores argumentos, las mejores razones, los mejores análisis técnicos. Empezarán a quedar atrás las acusaciones de quienes en la confusión ven su ganancia.
Otro aspecto positivo de la etapa que viene es que el encauzamiento de las discusiones se hará con base en procedimientos legales, lo que reduce aún más lo subjetivo. Como es inevitable, el proceso será largo y lo veremos actuante por lo menos durante los próximos cuatro o cinco años (dependiendo de la estrategia jurídica que siga cada concesionario). Acaba de iniciar el procedimiento administrativo de pruebas y defensas; dependiendo de sus resultados en cada caso, vendrá el recurso de revisión, el juicio de nulidad y el juicio de amparo, con todas sus instancias.
Sin perjuicio de lo que tenga que decir la siguiente administración, que esperemos en ningún caso caiga en la tentación de politizar nuevamente el asunto.
