La semana pasada tuvo verificativo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el foro “Retos de la Nueva Legislación Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, convocado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.
El evento resultó interesante dada su notable oportunidad, la pluralidad de los participantes, así como el atinado formato seleccionado por los organizadores. En lugar del típico arreglo de mesas o páneles de discusión en torno a temas predefinidos, los señores legisladores optaron por dejar en libertad a los ponentes para expresar su particular visión de los retos que enfrenta el Congreso y, posteriormente, permitir la interacción con la audiencia en una sesión de preguntas y respuestas.
La conclusión más evidente del foro convocado por los diputados, independiente a la postura manifestada por cada uno de los participantes, es la necesidad de que el proceso de discusión de la nueva legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se lleve a cabo en forma transparente y de cara a la sociedad. Y subrayo, por la trascendencia de la reforma constitucional que entró en vigor el año pasado en la materia, la cual redefinió el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión para incorporarlo al régimen de los derecho humanos, debemos hablar de una discusión con la participación de la sociedad civil, no exclusivamente con los actores tradicionalmente involucrados con este sector económico.
En este sentido, resulta pertinente recordar que ante la boyante existencia del Pacto por México la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, se presentó, aprobó, promulgó y publicó sin una verdadera discusión pública. Las “audiencias” organizadas apresuradamente por el Senado de la República, a la luz del impacto equivalente a cero en el texto de la iniciativa de reforma, claramente no cumplieron con el requisito de lo que hoy requiere el proceso de elaboración de la legislación secundaria.
El reto más importante que enfrenta la nueva legislación es uno que, paradójicamente, fue impuesto por la norma constitucional que el propio Legislativo emitió: fundir en una misma ley, dos ordenamientos que han vivido en forma separada y paralela por años. Me refiero a las leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión. Es un reto complejo, ya que, como se evidenció a través de las ponencias presenciadas en el foro, son actividades, hoy catalogadas como servicios públicos, que difieren notablemente en objeto y en elementos básicos de funcionamiento. Además, la radiodifusión es una tecnología que mira al pasado, mientras que las telecomunicaciones son la insignia de la modernidad.
Esperemos que este ejercicio sea el primero de muchos. En verdad, si los señores legisladores que asistieron al evento se conceden un momento de reflexión en torno a lo que ahí escucharon, se darán cuenta del tamaño paquete que les heredó la euforia del “Pacto por México”.
Mensaje Corto.
Si los movimientos corporativos realizados por Teléfonos de México para escindir sus activos inmobiliarios, incluida su red de telecomunicaciones, están diseñados para evadir la regulación que su calidad de preponderante le impone, entonces esperemos que las autoridades entiendan que indefectiblemente esta empresa estará impedida de prestar servicios de video.
