En la actualidad, son identificables diversos avances en el sector de telecomunicaciones en el camino hacia la competencia efectiva, la conectividad universal y condiciones óptimas en cobertura, calidad y precios de los servicios.
Una reforma constitucional, la conformación de nuevos órganos sectoriales, la incursión de nuevos operadores en diversos mercados, la ejecución de recursos de inversión para el despliegue de infraestructura, la reducción de precios de los servicios de telecomunicaciones para los usuarios; así como la eliminación de la larga distancia y roaming nacional son precisamente algunos de los factores que nos alejan cada vez más del indeseado escenario de pasividad e incapacidad regulatoria, excesiva concentración de mercado, contención de la inversión, altos e injustificados precios y elevadas barreras a la adopción de servicios y desarrollo de la competencia, con sus consecuentes efectos adversos sobre el bienestar social.
Fue a partir de la identificación de estas características que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer en su análisis “Estimation of Loss in Consumer Surplus Resulting from Excessive Pricing of Telecommunication Services in Mexico”[1] del 2012 que estas ineficiencias del mercado resultantes en elevados cobros realizados a los consumidores e impedimentos a la contratación de servicios, equivalen a una pérdida en el bienestar social de 1.8% del PIB por año.
Con esta medición es posible realizar un redimensionamiento de los beneficios y efectos hasta ahora realizados en el corto plazo en términos de precios y adopción de servicios, derivados del nuevo marco legal y regulatorio promulgado en junio del 2013.
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) elaborado por el Inegi, de diciembre del 2009, último dato que consideró el estudio de la OCDE, al tercer trimestre del 2016, los precios de los servicios de telefonía móvil han disminuido al menos 58%, los de telefonía fija 12.3% y los de internet 12.6 por ciento. En el mismo periodo, las líneas móviles han aumentado 32.6%, las fijas se han reducido 2.1% y las conexiones a Internet de banda ancha han incrementado 92.4 por ciento.
Considerando lo anterior, aunado al impulso competitivo atribuible a la entrada y consolidación de operadores competidores, así como a la Reforma de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; al extrapolar la metodología de la OCDE se obtiene una disminución promedio en la pérdida de bienestar del consumidor equivalente a 0.684% del PIB al año. Esto significa que han retrocedido 38% los perjuicios resultantes de elevados precios y por la falta de competencia.
No obstante, no debemos estar conformes con estos escasos avances y ganancias en el bienestar social. A pesar de que el mercado mexicano ha experimentado beneficios en el corto plazo de vigencia de esta reforma, existen varios desafíos regulatorios y de mercado que deben ser puestos en consideración para asegurar la consecución de sus efectos esperados y alcanzar el anhelado escenario de competencia efectiva en el largo plazo.
Entre éstos vale la pena destacar el garantizar la efectividad de las medidas de regulación asimétrica impuestas al operador preponderante, prevenir e impedir la creación de nuevas ventajas competitivas para este mismo agente económico, así como eliminar impuestos especiales que impidan el consumo de telecomunicaciones y que atentan contra la Constitución al gravar el acceso a servicios declarados como derecho fundamental de los mexicanos.
