¿Público o privado?

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En los sectores regulados —como el de las telecomunicaciones y la competencia económica— existe un fenómeno muy marcado de movilidad de funcionarios de alto nivel entre el sector público y privado, entre regulador y regulado, entre velar por bienes públicos y bienes privados. Funcionarios gubernamentales con poder de decisión en secretarías clave u órganos reguladores se mueven al sector privado una vez que terminan sus encargos en el sector público, llevando consigo los conocimientos técnicos, conexiones personales y políticas y comprensión de las complejidades de los sectores que originalmente regulaban.

En el lenguaje regulatorio a este fenómeno se le conoce como la puerta giratoria (revolving door en inglés), una metáfora que describe la rotación de funcionarios entre dos sectores conectados. Lo anterior es relevante dadas las prácticas evidentes que existen en los sectores energético, de competencia económica y de telecomunicaciones con la rotación de funcionarios de primer nivel.

En ese sentido, se satanizan funcionarios que no se alinearon con intereses particulares. Los casos más recientes han sido contra excomisionados de la antigua Cofetel, Cofece, exsecretarios de Estado y diversos otros funcionarios de gobierno, justamente, por cruzar esta línea ética entre los intereses públicos de sus funciones y los intereses privados de sus regulados. Nombres hay muchos y surgen siempre que conviene satanizar o glorificar a alguien de acuerdo con la agenda mediática o regulatoria en turno.

Independientemente del mérito (o no) y el contexto en el que se den estas acusaciones, este fenómeno tiene vertientes interesantes que resolver y que han sido un problema por muchos años en nuestro país. Recuerdo cómo el semanario Proceso acusaba en los años noventa a funcionarios de las administraciones de los presidentes Salinas y Zedillo, incluso, por dar cátedra en el ITAM.

El primer problema es el poco dinamismo del mercado laboral: en la medida en que no existan suficientes oportunidades y una cultura de la sospecha para estos servidores públicos es difícil que tengan movilidad hacia otros sectores. El segundo son las lagunas legales que existen al respecto. Si bien se han hecho esfuerzos a través de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el ámbito administrativo y los Códigos de Ética y normas internas en el Congreso, no se ha podido delinear bien qué es público y qué es privado. El más reciente esfuerzo para ello son las leyes anticorrupción debatidas en el Congreso. En ellas se enfoca aún más el régimen de responsabilidades a todos aquellos que reciban recursos públicos. Un tercer elemento es la falta de estabilidad laboral en el gobierno Federal y los bajos salarios.

El fenómeno no es exclusivo de funcionarios del Poder Ejecutivo. Es frecuente que miembros del Congreso de la Unión se vuelvan cabilderos y que exministros de la Suprema Corte de Justicia se convierten en litigantes de intereses privados.

La línea es muy tenue y la puerta giratoria amplia. Las sospechas siempre a la orden del día.

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