No pecar de ingenuos

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Durante los últimos dos meses, la discusiones sobre la regulación de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país se han enfocado de manera muy particular a la evolución de la licitación de frecuencias para la explotación del servicio radiofónico en las bandas de FM y AM. De manera señalada, el caso de la empresa Tecnoradio y su evidente intención de aprovecharse de la buena intención del Instituto Federal de Telecomunicaciones para promover la entrada de nuevos jugadores en este segmento ha atraído la atención de los medios, tanto electrónicos como impresos.

No hay que confundirse, estamos frente a un grupo de personas que identificaron la forma de engañar a la autoridad y sacar provecho de ello pagando menos por el derecho a explotar determinadas frecuencias. A ver quién les cree eso de que no sabían la relación de parentesco por afinidad en la que se ubicaban y el papel de víctimas en el que ahora pretenden colocarse.

Pues bien, haciendo a un lado ese tema coyuntural, no debemos perder de vista el rumbo hacia el apuntan los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión. Lo digo porque la próxima semana se cumplirán cuatro años de la promulgación de la reforma constitucional en esta materias y la de competencia económica.

Se trata de una reforma que evidentemente ha traído beneficios a la gente, beneficios que se potenciaron a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es verdad que hoy se pagan precios más bajos por los servicios de telecomunicaciones, que hoy hay más mexicanos con acceso a servicios de banda ancha, que millones de hogares hoy tienen acceso a transmisiones de televisión digital, que los servicios se prestan con mayor calidad. Pero también es verdad que la estructura del mercado en el sector telecomunicaciones se ha movido realmente poco.

En ese sentido, no podemos pasar por alto que hoy hay en México un agente económico en el sector telecomunicaciones que por su participación en el total de usuarios de servicios de telecomunicaciones es un agente considerado, conforme a la Constitución, como un agente preponderante. Que es el único que tiene una red que cubre gran parte del país, tanto en la parte fija como la móvil, que si bien se ha adecuado a las disposiciones que tanto el Congreso como el regulador han decretado, hay varias en las que aún no ha mostrado una actitud de apertura a la competencia.

Ahí están las ofertas de referencia para el acceso a la red local, que aún siguen sin reflejarse en una presencia importante de los competidores en la provisión o suministro de servicios minoristas a través de la red de este agente. Por ello y otras razones, el regulador consideró necesario recurrir a la medida más fuerte en términos regulatorios que es la separación funcional, en este caso de Telmex.

No fue una medida impuesta porque este agente sea grande, simplemente es porque por su tamaño y las ventajas que tiene por haber desplegado, gracias a que es el incumbente, una red donde muchas veces no se justifica económicamente la construcción o despliegue de otra, en muchas ocasiones no cumple con las disposiciones regulatorias que buscan inhibir ese comportamiento ventajoso que daña las posibilidades de lograr un mercado con competencia efectiva. Por eso fue necesaria la separación funcional.

Se requerirán al menos unos cinco años para poder afirmar o negar que dicha medida está funcionando de manera exitosa. A OFCOM en el Reino Unido le llevó 10 años, por ejemplo, descubrir que había sido un fracaso. Pensar anticipadamente que se tuvo éxito y liberar a América Móvil de su restricción para prestar televisión, es pecar de ingenuo. Lo que en este sector no se vale.

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