En numerosas ocasiones hemos referido en este espacio que la gestación de competencia efectiva es el medio para optimizar la provisión de bienes y servicios para los consumidores finales. No obstante, la clave para alcanzar tan anhelado escenario está en el diseño de mecanismos eficaces para prevenir y erradicar las fallas de mercado que derivan en falta de competencia.
Las lecciones en el ámbito internacional sobre la reducción de barreras a la entrada de nuevos competidores, la liberalización del monopolio público de telecomunicaciones y la fijación de medidas para la promoción de competencia, han sentado precedentes en el camino a seguir para asegurar la consecución de condiciones eficientes de operación del mercado.
Todo esto es recientemente documentado en un robusto escrito académico enfocado a diagnosticar las experiencias de política regulatoria relevantes para México[1]. Ello en aras de alcanzar el potencial de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones. Los objetivos se describen en el documento como mayor competencia, más opciones, inversión robusta, innovación sustancial y precios más bajos, que contribuyen a un mayor crecimiento económico.
Destacan los casos de EU y Europa en los que la introducción y aplicación efectiva de disposiciones legales y regulatorias aplicables al operador incumbente, como mecanismo para incentivar a la entrada y desarrollo de sus competidores, se ha traducido en la generación de un número suficiente de empresas proveedoras de servicios, en incentivos a la inversión en infraestructura, en condiciones eficientes de cobertura, precios y calidad de los servicios, así como en su accesibilidad y consumo generalizado entre la población.
Ahí se muestra que el camino para la gestación de estos beneficios derivados de la competencia no fue fácil ni inmediato ni mucho menos se trató de remedios que prometieron un éxito rotundo en el corto plazo. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la apertura de la competencia en el mercado de larga distancia se originó en 1974, no siendo sino hasta 1995 cuando el operador incumbente llego a ser declarado “no dominante” y se reconoció la existencia de competencia efectiva en ese mercado.
En lo que toca a Europa, a pesar de que la regulación para la competencia cuenta con vigencia desde hace varias décadas y que la participación de los operadores incumbentes se ha reducido por debajo de 40%, se ha propuesto mantener la regulación asimétrica a la que se encuentran sujetos.
A la letra del documento académico se manifiesta que el compromiso permanente en estos países con reglas e instituciones que promueven la apertura y el desarrollo de la competencia en el sector de las telecomunicaciones ha generado beneficios no sólo al interior de esta industria, sino también en todo el amplio espectro de actividades económicas.
Ello implica que los costos asociados a la transición a un entorno de competencia efectiva son menores a los beneficios económicos de su consecución.
Todo ello constituye un cúmulo de lecciones para México, país en el que, si bien se ha transitado a alcanzar las ganancias potenciales de la Reforma de Telecomunicaciones y la regulación asimétrica aplicable al operador preponderante América Móvil, su sostenibilidad en largo plazo no está asegurada.
Se requiere de un compromiso firme y efectivo en la aplicación de política regulatoria para la competencia que la lógica económica y la historia indican que puede tomar varias décadas para alcanzar su objetivo.
